La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que ampara el «derecho al olvido» en la red, y que es fruto de un litigio entre la Agencia Española de Protección de Datos y Google, marca un antes y un después, según los expertos legales. Las reacciones al dictamen, en uno y otro sentido, se suceden. Los especialistas en tecnologías temen que desemboque en «una Internet de color rosa, sin cara oscura, y sólo con contenidos agradables» al exigir a buscadores como Google retirar enlaces a contenidos lesivos para el ciudadano.

El tradicional espíritu de Internet abierto y hasta ahora reflejo del historial con luces y sombras de la gente, como la vida misma, podría verse adulterado, en su opinión. «Cualquiera con poder y acceso a abogados podrá reclamar ahora que se limpie por completo su imagen pasada», denuncia el profesor del IE Business School Enrique Dans. Por ejemplo, un hombre de historial turbulento con negocios negros en sus espaldas que quisiera abrirse camino en ámbitos como la política podría reclamar a Google, convertido ahora en «goma de borrar», que desvinculara sus noticias pasadas. «El derecho al olvido no tiene sentido de partida, porque no se puede obligar a olvidar lo que ya ha sido publicado; los buscadores tienen la función de buscar, y no se les puede exigir retirar cosas que encuentran», añadió. Las asociaciones de internautas difieren, ya que unas la consideran un avance para la privacidad del ciudadano mientras otras creen que otorga aún más poder a Google.

También hay juristas que creen que con la legalidad no es suficiente y que debe ser complementada con educación. El profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València Ricard Martínez Martínez defiende que el «derecho al olvido» es una exigencia ineludible y una necesidad básica en internet ya que «en estos momentos ser indultado supone casi un coste mayor en términos de reputación que cumplir ciertas condenas». Sin embargo según escribió hace ya dos años en un diario nacional una adecuada articulación del derecho al olvido no puede basarse exclusivamente en exigir el borrado de información en los buscadores. «No basta con matar al mensajero», opinaba en aquel artículo. Así, Martínez es partidario de una educación digital que proporcione las herramientas adecuadas para «gestionar la reputación digital».

También se preguntaba por la existencia de algún recurso tecnológico que pueda ser asociado a la información en origen facilitando un cierto automatismo en su eliminación posterior del mismo modo que las fuentes RSS facilitan la integración de contenidos en tiempo real, se pueda transmitir a todos los que han enlazado, copiado, editado o indexado una información, que la misma debe ser retirada.