El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada califica en el auto de prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros del padre Román, el supuesto cabecilla del clan de religiosos conocido como Los Romanones, de «degradantes y vejatorias» las conductas de supuestos abusos sexuales sobre el primer denunciante de estos hechos, que se circunscriben, según el escrito, al período comprendido entre 2004 y 2007, cuando el chico tenía entre 14 y 17 años.
En el auto, al que tuvo acceso en exclusiva La Opinión de Málaga (del mismo grupo editorial que Levante-EMV), el togado relata que la víctima denunció los hechos en un escrito remitido a la Fiscalía de Granada el 10 de octubre de 2014, un papel en el que exponía haber sido objeto «de continuados o permanentes abusos y agresiones sexuales por parte de un grupo de sacerdotes» de la diócesis entre los años 2004 y 2007 -cuando tenía entre 14 y 17 años-. Hoy en día tiene 24 años y es miembro supernumerario del Opus Dei. Además, también relató su denuncia al Arzobispado de Granada y a la Santa Sede.
El juez afirma en el documento que aparecen indicios de que el padre Román lideraba un grupo formado por nueve sacerdotes diocesanos y dos seglares. Entre ellos, amén del supuesto cabecilla, están los dos curas y el seglar investigados y puestos en libertad con cargos.
El padre Román era el párroco de San Juan María Vianney cuando el denunciante, al que el papa Francisco llamó para pedirle perdón por lo sucedido, tenía siete años de edad. Fue cuando empezó a ir a misa los domingos junto a un amigo. Entonces, el líder de Los Romanones, señala el magistrado, les invitó a que ejercieran de monaguillos. En 2004, el denunciante, por invitación del grupo, «comienza a pasar mucho tiempo» en las casas del clan, tanto en la parroquial como en la ubicada en otra urbanización. El padre Román, prosigue el togado, le propone quedarse a cenar, luego a dormir y ver alguna película, algo que usó, supuestamente, como táctica de acercamiento. Llegó a decirle que veía en él «una gran vocación para el sacerdocio, y que por ese motivo tiene que compartir con el grupo de sacerdotes su modo de vida».
«Fuerte presión física»
Cuando el chico, añade el juez, se quedaba a dormir en la casa parroquial, el padre Román «le proponía ocupar su cama», habiendo otras libres, lo que le ocasionaba una fuerte presión física y psicológica. De hecho, en 2006 y 2007, en dos ocasiones, apunta el magistrado, tras un masaje previo el sacerdote trató de agredirlo sexualmente.
Asimismo, en presencia de los demás sacerdotes y los dos laicos, en el salón de tertulias de la otra casa, el padre Román, presuntamente, «dejó en evidencia» al perjudicado por «no haberse corrido cuando practicaban masturbaciones». El resto del clan apoyaba al jefe, siempre según el juez, frente al denunciante, lo que generó mucha ansiedad en éste. Incluso, llegó a sufrir «amenazas verbales, en el sentido de que si no vivía la sexualidad con claridad de miras, tendría que dejar el grupo». Todo acabó en mayo o junio de 2007 o 2008, cuando dejó el grupo.
El amigo que le acompañaba como monaguillo apunta masajes en la espalda y las piernas por parte del grupo, aunque éstos no constan acreditados. Además, han podido existir «otros actos de índole sexual sobre menores pendientes de confirmación probatoria indiciaria».
Por otro lado, el juez subraya que el grupo «dispone de múltiples propiedades y alto nivel de vida».
Acto seguido, el juez reconoce apreciar «contradicciones» entre lo denunciado y las actuaciones que llevó a cabo anteayer, cuando dejó en libertad con cargos a los tres sacerdotes y al seglar implicados, y critica que el denunciante haya tardado tanto en exponer los hechos.
«Supuestos delitos»
El juez imputa al padre Román un supuesto delito permanente de abuso sexual en el que habría tenido lugar el «aprovechamiento de una situación de prevalimiento»; así como un presunto delito de agresión sexual, en la que además de prevalimiento e intimidación con suficiente intensidad y relevancia concurriría la agravante de las conductas de «carácter particularmente degradante y vejatorio que se realizan de manera conjunta por varias personas adultas sobre víctimas menores especialmente vulnerables y prevaliéndose de una superioridad», según cita el escrito judicial.
Igualmente, también se le imputa al sacerdote un delito continuado de exhibicionismo. El magistrado ve «motivos bastantes» para creer criminalmente que es responsable de esos ilícitos, y le impone una medida de alejamiento en relación a los dos denunciantes.
