El expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente, fallecido hoy en Madrid a los 85 años de un infarto, era catedrático emérito de Derecho Constitucional y fue artífice de la propuesta de reforma constitucional que llevó a cabo este órgano consultivo en 2006.

Partidario de acometer la reforma de la Carta Magna en esta legislatura, Rubio Llorente modificó además la arquitectura del Consejo de Estado para poder llevar a cabo esa reforma.

Fue presidente del Consejo de Estado entre los años 2004 y 2012 y anteriormente, entre 1989 y 1992, vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC).

Nacido en Berlanga de San Fernando (Badajoz) el 25 de febrero de 1930, Rubio Llorente era doctor en Derecho y diplomado del Instituto de Sociología y Psicología Social de la Universidad de Colonia (Alemania) y del Instituto de Estudios Políticos de París.

Era letrado de las Cortes Generales y catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid.

En una entrevista con Efe en agosto de 2015, Rubio Llorente se mostró partidario de acometer la reforma de la Constitución en la próxima legislatura y consideró "inexcusable" retocar la organización territorial del Estado y delimitar las competencias en la Carta Magna "con vocación de permanencia".

Rubio Llorente presidía el Consejo de Estado en 2006 cuando el órgano consultivo, a requerimiento del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo un informe sobre la posible reforma constitucional en el que ahora se quiere apoyar el Ejecutivo de Mariano Rajoy para abrir ese debate.

"Yo vengo sosteniendo que es necesario reformar la Constitución desde hace no menos de diez años", apuntó en esa entrevista el jurista, a cuyo juicio debe iniciarse el proceso en la próxima legislatura y afrontar un cambio profundo por el procedimiento fijado en el artículo 168 de la Carta Magna, que prevé la disolución de las Cortes y la convocatoria de un referéndum.

Son muchas sus manifestaciones públicas defendiendo la reforma constitucional y también sobre Cataluña.

En octubre de 2013 aseguró que "no sería imposible" que el Estado convocara un referéndum soberanista en Cataluña mediante una reforma legislativa de la Ley Orgánica 2/1980, que regula las distintas modalidades de referéndum, ya que la negativa podría desembocar en "alternativas de efectos impredecibles".

Durante un tiempo impartió clases como profesor de la Universidad Central de Venezuela y después fue funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración Civil con destino en el Ministerio de Educación y Ciencia, y después secretario general del Congreso de los Diputados, entre 1977 y 1979. Además de este último año y hasta 1980 fue director del Centro de Estudios Constitucionales.

En febrero de 1980 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del Congreso, y en marzo de 1989 fue elegido vicepresidente del Alto Tribunal, en sustitución de Gloria Begue. Ocupó este cargo hasta julio de 1992.

Tras el triunfo electoral del PSOE en marzo de 2004, el 19 de abril Rubio Llorente fue nombrado presidente del Consejo de Estado.

Durante su mandato se llevó a cabo una importante reforma en la institución por la que se aprobó la incorporación de los expresidentes del Gobierno y se le atribuyó funciones nuevas, como la elaboración de informes y estudios por encargo del Gobierno.

Desde marzo de 2005 presidió la Comisión de Estudio constituida para analizar esa posible reforma de la Constitución presentada por Rodríguez Zapatero, al que entregó el correspondiente informe el 1 de marzo de 2006.

Tras manifestar su intención de poner su cargo a disposición del nuevo Gobierno surgido de las elecciones de noviembre de 2011, el 23 de marzo de 2012 cesó como presidente del Consejo de Estado, cargo en el que le relevó José Manuel Romay Beccaría, de quien él había cogido el relevo ocho años antes.

Doctor honoris causa por la facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y por la Universidad de Valladolid, poseía entre otros reconocimientos la Orden de Isabel la Católica (1992), la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (2000), la Medalla de Extremadura (2008) o el Premio Pelayo para juristas (2011).