Los toros ya no podrán morir en las plazas de Baleares. La nueva ley, que regulará las corridas en el archipiélago y que impide el maltrato y muerte del animal en el festejo, ha salido adelante con el apoyo de los partidos de la izquierda, PSIB, Més y Podemos, y con la oposición de PP, Ciudadanos y las diputadas expulsadas de Podemos, en el Parlament balear.

Los 'toros a la balear', sin sangre ni muerte, y que exigirán controles antidopaje a toros y toreros, han sido la salida de los partidos del Pacto que gobierna en las islas para 'torear' las indicaciones de Madrid, que ya ha alertado que Baleares no tiene competencias para prohibir la tauromaquia. Ante el riesgo que la prohibición pueda llegar al Constitucional como ocurrió con la medida en Catalunya, los partidos de izquierda en las islas han aprovechado el resquicio que permite a las islas regular los espectáculos taurinos para impedir la muerte del animal.

De esta manera, el toro no podrá morir en la plaza ni tampoco ser picado. De hecho, no podrán utilizarse ni espadas ni banderillas ni picas en las corridas de las islas. El objetivo último es disuadir a los promotores taurinos de llevar a cabo los festejos en las islas con estas restricciones al espectáculo.

El PP se ha opuesto a la norma por "atacar la cultura" y ser "carne de Tribunal Constitucional" y Ciudadanos por "chocar con la realidad", mientras que el Pi ha lamentado que "a la mayoría de gente le preocupan más otro tipo de cuernos".

El correbou de Fornalutx, sin cuerdas

Finalmente, la ley no prohibirá el correbou de Fornalutx como inicialmente preveían Podemos y Més. Sin embargo, sí que del mismo modo impedirá el maltrato del animal, lo que impedirá que pueda ser atado por cuerdas como en la actualidad. El ayuntamiento ya ha avisado que deberá celebrarse en un espacio cerrado por el coste de cerrar las calles por las que ahora se lleva a cabo el tradicional festejo.

La norma también prohibe los circos con animales, el tiro al pichón así como prácticas ya ilegales como las peleas de gallos.

Por su parte, la Abogacía del Estado "estudiará" la ley y, "si estima que es anticonstitucional y vulnera competencias estatales, presentará un recurso ante el TC", han señalado fuentes del ministerio de Cultura.

Las mismas fuentes han recordado que las Cortes aprobaron hace cuatro años la ley que regulaba la Tauromaquia como patrimonio cultural de los españoles. Además, han añadido, el Constitucional determinó en octubre de 2016 que es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y la promoción de la tauromaquia como Patrimonio Cultural.