Carlos Alós, Valencia
El texto establece la creación del Consell del Audiovisual de la Comunidad Valenciana, que se desarrollará a través de una ley propia que determinará sus principios de actuación. Precisamente esa fue una de las objeciones que los socialistas pusieron a la ley. Reclamaron que cuando se constituya sea independiente de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones, aunque el PP abogó por abordar la ley con sumo cuidado al recordar que varios de los preceptos del Consell Audiovisual catalán han sido recurridos ante los tribunales.
Debate sobre la publicidad televisiva
La ley establece finalmente que los programas no aptos para menores sólo podrán emitirse en horario nocturno y deberán ser objeto de advertencia sobre su contenido por medios acústicos y ópticos. La norma aprobada también fija que la emisión de películas pornográficas o de alto contenido violento sólo podrá realizarse a partir de la 1 de la madrugada y hasta las seis.
Además, el tiempo de emisión dedicado a anuncios publicitarios no podrá superar el 15% del total diario de emisión. El PSOE propuso introducir un tope máximo de publicidad del 10% de la emisión diaria y el veto de patrocinios a los programas informativos y religiosos, pero ambas enmiendas fueron rechazada. También queda prohibida finalmente en el texto de la ley cualquier forma directa o indirecta de publicidad y de televenta de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados.
La norma también prevé la constitución del Consorcio Audiovisual de la Comunidad Valenciana, con la participación de entidades privadas sin ánimo de lucro, que promoverá la creación de una oficina del Audiovisual encargada de fomentar y facilitar los rodajes. También contempla la creación de un registro general de empresas audiovisuales.
La ley estipula finalmente que los operadores de televisión deberán reservar el 20% de su emisión anual a la difusión de obras audiovisuales y cinematográficas valencianas, y también fija la reserva de un mínimo del 10% para obras valencianas de productores independientes, de las que el 50% deberán haber sido producidas en los últimos cinco años.