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Los empresarios reunidos recientemente en la Asamblea General de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) han reivindicado que este colectivo «puede y debe ser atendido de inmediato» con servicios profesionales, sin necesidad de incrementar el déficit público, afirmó el presidente de la patronal autonómica, Alberto Giménez.

El portavoz explicó que la congelación de la aplicación de la Ley de la Dependencia en los grados severos «es un gran error», tanto desde el punto de vista de la atención y cuidado, como desde el punto de vista económico, ya que el sector ha sido uno de los pocos que ha generado empleo, indicó. Giménez recordó el carácter estratégico del sector y señaló que época de crisis es «imprescindible» la activación de estas políticas, junto a la reducción del déficit y las medidas de estímulo económico. También señaló que esas cuestiones son posibles desde el sector de la dependencia, «si se aplican políticas decidas e innovadoras en su desarrollo», ya que su capacidad de generación de empleo y su contribución al ahorro en el gasto sanitario configuran su carácter clave.

El presidente apostó por concretar con la Administración un programa de reformas orientadas a mejorar la eficiencia de la gestión sanitaria y de los servicios socio-sanitarios desde el sector público, con el fin de obtener «importantes e inmediatos ahorros en el gasto total, sin afectar por ello a la calidad y cantidad de servicios».

Giménez avanzó algunas de las medidas impulsadas por Aerte, como la expedición de medicamentos directamente en las residencias, a través de profesionales farmacéuticos, que supondría un ahorro de unos 20 millones de euros. Abogó por potenciar los servicios sanitarios en los centros geriátricos, dado que evitaría más de 600 desplazamientos semanales.

Para todo ello, Aerte apuesta por una colaboración público-privada, junto con una coordinación de Sanidad y Bienestar Social, que reduciría el gasto sin suprimir servicios. Giménez aseguró que la ocupación de plazas vacías en los geriátricos crearía 2.000 empleos y retornos superiores al gasto.