El proceso de paz que se está desarrollando en Colombia debe incluir las reivindicaciones de los miles de colombianos y colombianas que por diferentes razones viven actualmente en Valencia. Recoger esta exigencia fundamentalmente y plasmarla en propuestas concretas fue el objetivo del Encuentro Territorial para la Paz en Colombia, que se celebró el sábado, 23 de marzo, en Valencia en la sede de la Intersindical Valenciana. La jornada, organizado por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (CVSC) y respaldada por el Institut de Drets Humans de la Universitat de València, reunió a numerosos colombianos y colombianas, y representantes de organizaciones de inmigrantes y del movimiento valenciano de solidaridad con la defensa de los derechos humanos en Colombia. Los presentes acordaron realizar en Valencia un acto público de apoyo al proceso de paz el próximo 9 de abril, paralelamente a las actividades que con el mismo objetivo se harán en ese día en Colombia y en otros países.

Eventos como el de Valencia se están desarrollando en otras partes del Estado español con la meta de recoger todas las conclusiones en los encuentros estatales que se realizarán en Madrid y en Barcelona, promovidos por la Plataforma Estatal por la Paz y los derechos humanos en Colombia „de la que forma parte la CVSC„y la Tabula Catalana per la Pau i el Drets Humans a Colòmbia. Las conclusiones se trasladarán a las organizaciones sociales colombianas y el Congreso de Colombia, que las harán llegar a la mesa de conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC instalada en la Habana.

El encuentro en Valencia se articuló en tres ejes: la migración y el exilio colombiano como sujeto político en la construcción de la paz; garantías a la participación política, y e papel de la comunidad internacional y la solidaridad internacionalista. Todos partieron de unos planteamientos comunes: ninguna de las partes que conversan en la Habana representan a la sociedad sociedad civil colombiana y la necesidad de que el proceso de paz busque soluciones a las causas estructurales del conflicto social y armado (concentración de la tierra en pocas manos, injusta distribución de la riqueza, exclusión de la participación política de las mayorías) para poder alcanzar la justicia social ya que solo la ausencia de guerra no garantiza una paz sólida y duradera. En este sentido, se exigió que se considere a las personas migrantes y refugiadas no como obstáculos en la construcción del nuevo país que ha de surgir a raíz del proceso de paz sino como sujetos/as activos a los que se le garantice participación política „especialmente a las mujeres víctimas principales del conflicto„ y condiciones para los que quieran retornar a Colombia. Para ello se propuso realizar un censo real de la migración colombiana y que se establezcan mecanismos que permitan reconstruir la memoria histórica de las personas refugiadas y migrantes. Además, entre otras exigencias, se incluyeron el cese de la represión que el Estado colombiano ha practicado históricamente contra las organizaciones sociales y un control riguroso sobre las actividades de las empresas colombianas y multinacionales para que respeten los derechos laborales y se paralice el expolio al que está sometido el país.