29 de febrero de 2016
29.02.2016

Ocho ayuntamientos valencianos estudian herramientas para una gestión más justa

La compra pública ética permite incorporar criterios sociales en las contrataciones de la administración

29.02.2016 | 04:15
Ocho ayuntamientos valencianos estudian herramientas para una gestión más justa

La administración, al adquirir un servicio o bien, puede actuar de manera más o menos «responsable». La clave: apostar por la compra pública ética, una opción a la que pueden atenerse las administraciones incorporando, más allá de criterios económicos, aspectos sociales, éticos y medioambientales en las contrataciones.

Ocho ayuntamientos de la provincia de Valencia (Valencia, Llíria, Burjassot, Sagunt, Godella, Museros, Algemesí y Quart de Poblet), una mancomunidad de empleo y cuatro ONG participaron en las últimas jornadas de compra pública ética organizadas por la Coordinadora Valenciana de ONG y subvencionadas por la Diputación de Valencia.

La iniciativa, que tiene antecedentes en experiencias impulsadas en años anteriores, congregó a numerosos cargos públicos y funcionarios que mostraron su interés por incluir políticas sociales y responsables en este tipo de procesos.

«Estamos en unos tiempos nuevos de hacer política donde las administraciones debemos sumarnos con responsabilidad», afirma Manuel Civera, alcalde de Llíria, que acudió a las jornadas junto a los funcionarios del departamento de contratación de la localidad. Según Civera, las jornadas les han permitido, además, conocer iniciativas de ayuntamientos que han impulsado experiencias exitosas.

David Comet, de Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (Ideas) y encargado de desarrollar la actividad, afirma que uno de los objetivos de estas iniciativas es que «las políticas de contratación se conviertan en herramientas para promover la inserción social de colectivos vulnerables o para apoyar determinados sectores sociales». Para ello, afirma, es necesario el compromiso político, capacitar al funcionariado, trabajar con proveedores „locales, si puede ser„ y poner en marcha un programa de contratación sostenible.

En España se destina el 17 % del PIB en contratación pública administrativa, lo que revela que un mayor compromiso podría tener un impacto económico significativo que incidiría en el cambio de modelo económico.

«Existen reticencias, pero cada vez hay más gente entusiasmada y comprometida con un cambio», sentencia Comet, que asegura que en las jornadas detecta algunos falsos mitos. «La administración pública no puede ni debe contratar cualquier cosa», añade.

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