30 de mayo de 2016
30.05.2016

"Hay un incremento de los paramilitares que siembran el terror en Colombia"

La violencia emerge en el país sudamericano en pleno proceso por la paz en La Habana entre el Gobierno y las FARC

30.05.2016 | 04:15
"Hay un incremento de los paramilitares que siembran el terror en Colombia"

En pleno proceso de diálogo por la paz de Colombia en La Habana, la violencia contra defensores y líderes sociales emerge de nuevo. Esta situación choca de lleno contra las fuentes que dicen que las cumbres celebradas en Cuba entre el Gobierno y las FARC van por buen camino. Mientras la labor diplomática o administrativa va hacia adelante, el conflicto no sólo persiste en la dimensión más terrenal, sino que crece. Esta es una de las conclusiones que se extrae del informe trimestral del Programa Somos Defensores de Colombia, que registró 9 agresiones contra los derechos humanos en enero de 2015, 29 en febrero y otras 75 en marzo.

«Parece que se ha minimizado el tema del conflicto, pero han aumentado los asesinatos selectivos a nuestros guardas ambientales indígenas y líderes que se oponen a megaproyectos de extracción minera», advierte Mabel Quinto, diplomada en Derecho Internacional para Pueblos Indígenas y una de las líderes del movimiento indígena en la región colombiana del Cauca. Sin dudar, pone nombre a los agresores: «Ha habido un incremento de los grupos paramilitares que siembran el terror». «No sabemos si es más grande el postconflicto o el conflicto», avisa.
Mabel, que reconoce que es la primera vez que sale de su país, ha estado unos días en Valencia «para visibilizar y concienciar en defensa de la vida y el territorio». La acompañan Alexandra Bermúdez y María Esperanza. Ambas han sufrido en sus carnes la violencia de la represión.
Alexandra es socióloga y defensora de los Derechos Humanos en Colombia, donde sufrió desplazamiento forzado de su ciudad de origen por su activismo en 2004 y tuvo que irse a España en 2015 víctima de persecución política junto a su familia con el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. María, abogada empírica y defensora también de los Derechos Humanos, fue durante ocho años presidenta de la Asociación de Desplazados y Desplazadas para la Convivencia Pacífica (ADESCOP) y actualmente es solicitante de asilo en España.

«Violencia sociopolítica»
«La paz no solo es el cese de la confrontación armada, sino que implica que se discutan otros elementos como la violencia sociopolítica», señala Alexandra. En concreto, se refiere al fenómeno del paramilitarismo, que pone en riesgo a las comunidades locales. Es más, Alexandra no duda en relacionar a estos grupos paramilitares con el capital transnacional, «donde elites del país tienen sus intereses», que pretende controlar económicamente la extracción minero-energética del país (oro, petróleo, níquel, carbón, hidroeléctricas...) o para la producción agrícola no estratégica que se emplea para caña de azúcar, aceite de palma o agrocombustibles que desplazan al cultivo de alimentos. «La guerra les sirvió como excusa», asevera. Asimismo, también apunta al «empoderamiento de tierras» por parte del narcotráfico. Todo ello conduce a lo que define como la «extranjerización de la tierra».

En toda esta vorágine, se calcula que hasta 6,5 millones de hectáreas han sido expoliadas de forma violenta, mediante masacres de campesinos, asesinatos selectivos y constantes amenazas. Hasta 6,9 millones de personas fueron desplazadas y acabaron en la mayoría de los casos en focos de pobreza junto a las ciudades «cuando eran comunidades autosuficientes», añade Alexandra. Alrededor de 3.000 sindicalistas fueron asesinados, mientras que el número de políticos presos alcanza los 10.000. «La lógica del estado colombiano señala a los movimientos sociales como enemigos internos», asegura Alexandra.

Restitución de tierras
Una de las víctimas es María Esperanza. Tuvo que huir de su pueblo después de que su marido fuera asesinado y le arrebataran su casa y sus tierras. Ahora, el Gobierno colombiano ha creado una ley de restitución de tierras. Sin embargo, María explica que esa norma «es muy bonita en papel, pero en aplicación no se cumple». Así, recuerda que sólo se han devuelto un 2 % de los terrenos. ¿Por qué? Las trabas burocráticas. «Exigen los títulos para devolver las propiedades y muchos no existen porque nuestros pueblos fueron quemados y destruidos. No hay pruebas de esas cosas. Además, abusan de que muchos hombres y mujeres no saben ni leer ni escribir, y ahora que empezamos a saber por la vía judicial, nos amenazan», denuncia.

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