En El Salvador, las mujeres no pueden abortar bajo ningún pretexto. Su legislación no contempla ninguna excepción. Ni en casos de malformación del feto, ni cuando la vida de la madre esté en peligro, ni si el embarazo ha sido producto de violación. Es más, las leyes salvadoreñas recogen penas de 2 a 8 años de cárcel para las mujeres que aborten, y hasta 6 años e inhabilitación profesional para los médicos que los practiquen.
Todo ello se agrava si se tiene en cuenta que en 2016 se han contabilizado hasta 1.440 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años en este pequeño país centroamericano. Y las cifras suben hasta las 25.000 si el rango se amplía hasta los 19 años. Los embarazos de adolescentes llegan a alcanzar categoría de epidemia.
En ese contexto, dos activistas feministas salvadoreñas, Morena Murillo y Gloria Cerón, integrantes respectivamente de la Asociación de Promotores de El Salvador (Aprocsal) y de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la PAZ (Orsmusa), han visitado la Comunitat Valenciana a través de la ONGD valenciana Assemblea de Cooperació per la Pau para conocer las políticas en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género que están llevando a cabo las instituciones valencianas, así como para dar a conocer la profunda problemática que se vive en su país.
Estas asociaciones en pro de los derechos de la mujer lograron introducir una propuesta en el parlamento de su país para que se despenalizara el aborto en cuatro supuestos: si es fruto de una violación, si el feto padece malformaciones, si corre peligro la vida de la mujer o si ésta es una menor que ha sido violada. Eso sí, «el paso del aborto debe ser siempre voluntario», recalca Morena Murillo. La reacción del partido conservador ARENA fue todavía más dura: una propuesta para aumentar las penas por cualquier tipo de aborto a un período de prisión de 30 a 50 años.
«Estamos movilizándonos para frenar esta propuesta y necesitamos respaldo a nivel internacional y de los sectores académicos», advierte Murillo. «La actual situación supone una violación de los derechos de las mujeres. Las mujeres que abortan van directas del hospital a la prisión. La legislación actual ya es injusta y afecta sobre todo a mujeres pobres, ya que las que tienen dinero pueden irse al extranjero y pagar a un médico privado que no las delate», asegura. Murillo además revela que «incluso los abortos espontáneos llegan a ser penados y, en ocasiones, consideran los abortos como homicidios agravados para ampliar la pena hasta a 40 años de cárcel».
Empoderamiento y educación
Otra de las grandes lacras a la que se enfrentan las mujeres en El Salvador es el feminicidio. En lo que llevamos de año se cuentan más de 460 mujeres asesinadas y más de 400 desapariciones, además de una gran cantidad de situaciones de violencia en el ámbito intrafamiliar. Ante ello, Gloria Cerón recuerda que desde su asociación trabajan por el empoderamiento de la mujer «para romper con sus miedos» y desde la educación inicial para «desmontar todas las formas de abuso de poder y que se entiendan las relaciones de género de otra forma».
