IGNACIO CABANES VALENCIA
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Para un ciudadano extranjero en situación irregular en España un permiso de residencia, o en su defecto un contrato de trabajo, es mucho más que un simple documento. Su vida y la de su familia -que espera en su país de origen el dinero que éste pueda enviar- dependen de estos papeles. Pero, ¿cuanto estaría dispuesto a pagar un inmigrante por semejante privilegio? Hasta 11.000 euros llegó a pagar un hombre de 26 años, de origen hindú, a un compatriota, según ha destapado una investigación de la policía nacional en Xàtiva.
Los agentes se percataron de que la fotografía que aparecía en en la fotocopia del permiso de residencia no coincidía con su supuesto titular, cuando éste fue a presentar una denuncia alegando que había perdido el documento original. Tras las investigaciones, los policías averiguaron que la fotocopia se la había vendido su verdadero titular antes de regresar a la India por 11.000 euros.
Este caso no es aislado. La Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de la policía nacional detectó hace meses en Valencia un mercado negro de permisos de residencia. De hecho, desde que comenzó el año ya se ha detenido a más de una veintena de personas en la capital con documentación real pero a nombre de otro compatriota.
Según fuentes policiales, los inmigrantes sin papeles, la mayoría de origen subsahariano, aprovechan su parecido con otros compatriotas, quienes les alquilan por un periodo de tiempo su permiso de residencia para de esta forma obtener trabajo temporal.
Una de las zonas donde se ha localizado este movimiento de documentación falsa es en los alrededores de la Pantera Rosa de Valencia, donde cada mañana se se agolpan cientos de inmigrantes esperando ser contratados pa?ra la recolección de la naranja.
Estafa a 16 inmigrantes
Por otra parte, la policía nacional ha detenido en Valencia a un hombre que ofrecía contratos de trabajo ficticios a ciudadanos extranjeros para regularizar su situación a cambio de dinero. Las víctimas de la estafa debían pagarle entre 300 y 1.150 euros, según fuentes policiales.
La policía se percató de la estafa al llegar gran cantidad de solicitudes de residencia por circunstancias excepcionales de ciudadanos extranjeros que supuestamente trabajaban para dos determinadas empresas. Al comprobara si se trataba de una coincidencia, los agentes descubrieron que el ahora detenido era el administrador único de ambas entidades ficticias.