AGENCIAS WASHINGTON
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Todos los indicios apuntan hoy a que que Todd Willingham, ejecutado en 2004 en Texas, era inocente. Un hecho sin precedentes en un país que administra la inyección letal a una media de 50 condenados y un argumento a favor para los abolicionistas.
Probar la inocencia del condenado después de su muerte es algo extremadamente raro en los Estados Unidos y, según los expertos, ningún Estado ha reconocido nunca oficialmente haber cometido un error. El caso de Todd Willingham, de 23 años, cuyas tres hijas murieron en el incendio de la casa familiar, por cuya presunta autoría él fue condenado, podría suponer la primera vez.
"Mientras nuestro sistema judicial cometa errores, no podremos seguir realizando ejecuciones", afirma la asociación Proyecto Inocencia, que planteó el asunto Willingham en 2006 a la comisión tejana de ética.
En 1992, un jurado condenó a Todd Willingham, basándose en un informe de expertos locales. Él murió 12 años después proclamando su inocencia.
Su historia contiene todos los ingredientes clásicos del error judicial: ausencia de pruebas periciales, un experto-psiquiatra describiendo al fallecido como un "sociópata muy peligroso" sin haberle entrevistado nunca, testigos que cambiaron su declaración a favor de la acusación y abogados ineficaces.
Pero en un informe entregado en agosto a la comisión de ética tejana, un reconocido especialista en incendios concluye, como dos otros expertos dictaminaron en 2004 y 2006, que fue un siniestro "accidental" y que el análisis del mismo carece de todo rigor científico.
El caso ha cobrado especial relevancia porque otro convicto, Troy Davis, un hombre de raza negra condenado para el asesinato de un policía blanco, espera su ejecución en Georgia y un tribunal examina nuevos elementos que podrían exculparle.
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