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El juez imputa diez delitos, entre ellos los de tráfico de drogas y cohecho, a los dos guardias civiles detenidos hace un año en el marco de la operación Gorrión contra una red de presuntos narcotraficantes a los que se intervino 60 kilos de cocaína en el puerto de Valencia, según confirmaron ayer a Levante-EMVfuentes vinculadas al proceso judicial. Se trata del cabo Carlos P. M. y el guardia Rafael S., ambos destinados hasta su detención en el área de investigación del cuartel de Tavernes Blanques.

El auto de procesamiento emitido el pasado 28 de octubre por el titular del Juzgado número 14 de Valencia, después de un año de instrucción, imputa a cada uno de los dos guardias cinco delitos: tráfico de drogas, cohecho, revelación de secretos, tenencia ilícita de armas y asociación ilícita.

La acusación de cohecho se basa, según el instructor, en que ambos habrían aceptado "dádivas y regalos" -al menos un Mini y un Mercedes a sus respectivas mujeres- a cambio de facilitarle a la organización, presuntamente, información secreta, como, por ejemplo, las matrículas de los vehículos camuflados de la Guardia Civil que acudían al puerto para vigilar los movimientos de los sospechosos. Precisamente en ese tipo de hechos se basa el juez para sustentar otra de las imputaciones que pesa sobre ambos, la de revelación de secretos.

Por lo que respecta a la tenencia ilícita de armas, el juez les achaca ese delito tras la incautación, en octubre del año pasado, de cinco pistolas de la marca Glock y del calibre 9 Parabellum durante los registros domiciliarios practicados en las viviendas de los detenidos. Las cinco armas habían sido presuntamente adquiridas, a razón de 3.000 euros cada una, en el mercado negro, en Sagunt.

Según las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y por el juzgado, dos de esas armas habrían sido adquiridas por el cabo y el resto -una por cabeza-, por el guardia, por el presunto jefe de la banda -Fernando M. S.- y por uno de sus lugartenientes, Rubén G.

Por lo que respecta a Fernando M. y Rubén G., el juez les imputa otros cinco delitos a cada uno: tráfico de drogas, participación en cohecho, tenencia ilícita de armas, asociación ilícita y contra la Administración de Justicia. Éste último viene derivado de la presunta paliza que propinaron a otro de los encausados, Kemal M., después de que la víctima prestara declaración ante el juez, por lo que éste ha estimado que la agresión fue una venganza por haber aportado datos a la investigación. Esos hechos se produjeron a mediados del pasado mes de septiembre. Rubén está considerado como el presunto autor material de la paliza, mientras que a Fernando, que estuvo presente mientras se producía, se le considera implicado en otro grado.

Entre los 19 procesados se encuentra, además de un policía local de Pedralba y los integrantes de las escalas inferiores de la organización, la mujer del cabo, a quien se le imputa un presunto delito de blanqueo de capitales, según el auto judicial.