El abogado de un detenido afirma que hay un ´cargo público´ vinculado con el crimen de Polop

J. MARÍN/EUROPA PRESS LA VILA JOIOSA ?
El abogado defensor del segundo detenido por el asesinato del que fuera alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, desveló ayer que al margen de los tres detenidos hasta el momento, las investigaciones también se centran "en un cargo público". Antonio Martínez Camacho, que defiende a Salvador R. G., empresario zapatero de Polop, realizó las declaraciones a la salida del juzgado de la Vila Joiosa, después de que su cliente prestara declaración ante la juez de Instrucción número dos de la ciudad, encargada del caso.
Según el letrado, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tratan de esclarecer el contenido de una reunión celebrada en un club de alterne en la que supuestamente se habría gestado el crimen del alcalde. Según Martínez Camacho en aquella cita habrían participado tres personas.
"No nos cuadra en absoluto que uno de los implicados esté en la cárcel, que el segundo, que es mi cliente, esté en la cárcel y que haya un tercero, que dicen que tiene relación con ellos, y que siga en un cargo público", explicó.
El segundo arrestado habría afirmado ayer ante la instructora que la cita en el prostíbulo se produjo, tal como sostiene la Guardia Civil, pero negó que tuviera como fin planear el asesinato de Ponsoda.
La juez decretó prisión comunicada y sin fianza para Salvador R. G. a petición de la Fiscalía y tras considerar al imputado "cooperador necesario" en el crimen, según consta en el auto de la instructora.
El segundo detenido, en orden cronológico, por este caso llegó al edificio que alberga los juzgados de la Vila poco antes de las nueve de la mañana, aunque su declaración no comenzó su declaración hasta las doce y cuarto de la mañana. Antes de ello, las dependencias tuvieron que ser desalojadas por un falso aviso de bomba que la Guardia Civil está investigando y del que se desconoce si guarda alguna relación con el caso. Salvador R. G. declaró por espacio de casi tres horas en presencia de la juez, el fiscal, su abogado y el letrado de la familia de Alejandro Ponsoda y después fue conducido a prisión.

Admite conocer al de Albatera
En el interrogatorio, según precisó su abogado, éste reconoció que conocía al primer detenido, Raúl M. T. "aunque hace años que no tenían relación". El letrado criticó que "no sabemos los hechos por los que se le acusa" y tildó el interrogatorio de "banal" porque "sólo se le ha preguntado dónde estaba cuando mataron a Ponsoda y cuestiones sobre su vida nocturna en determinados establecimientos. Pero no ha habido ninguna relación fuera de ese entorno".
Martínez Camacho lamentó que "no nos digan nada por el secreto de las actuaciones" y anunció que "recurriremos la resolución porque es difícil plantear una defensa cuando no sabes los hechos".
Según Martínez Camacho, del interrogatorio se deduciría que la investigación "tiene como eje una reunión en la que se fraguó el asesinato de Ponsoda y que habría transcurrido en el club de alterne Mesalina, de Benidorm, local del que es encargado el tercero de los detenidos en el caso".
El letrado se mostró también sorprendido por el hecho de que su cliente "esté detenido", al igual que "la otra persona que estaba en esa reunión", y que "haya un cargo público que estaba en esa reunión y que siga ejerciendo su cargo". El abogado no quiso matizar más detalles acerca de esa tercera persona acogiéndose, precisamente, al secreto de sumario que continúa pesando sobre la causa.

Tras casi dos años de intensas investigaciones, la Guardia Civil dio, por fin, con un filón: un testigo protegido que habría conocido los pormenores de la reunión en la que supuestamente se fraguó y planeó el asesinato de Alejandro Ponsoda, así como algunos de los detalles de los que se habló durante ese encuentro. De las palabras pronunciadas ayer por el abogado del empresario Salvador R. G. se deduce que no sólo habría habido un informador, sino varios. En caso de que esa reunión, que seguramente era conocida desde hacía tiempo por los agentes de la UCO, aunque el o los testigos habrían tardado un tiempo en mostrarse colaboradores, sea la clave del caso, únicamente quedarían por detener el "cargo público" al que aludió ayer el abogado, así como los dos autores materiales del crimen, dos checos que están en paradero desconocido. levante-emvvalencia