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La Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía ha llevado a cabo una investigación a lo largo de seis meses en Valencia que ha acabado con la detención de cinco agentes, cuatro de la nacional y uno de la autonómica, por presunta colaboración con una banda que asaltaba viviendas y traficaba con sustancias estupefacientes. Los arrestados, a los que se suman tres hombres que supuestamente serían quienes perpetraban los robos, han permanecido todo el fin de semana incomunicados en distintos calabozos de dependencias policiales de Valencia y pasarán hoy a disposición judicial. La investigación la asume el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia.

Entre los arrestados se encuentran tres agentes del grupo de policía judicial de la comisaría de Tránsits, uno del grupo III de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Policía -especializado en la lucha contra la venta de drogas al menudeo- y un policía autonómico, según pudo saber Levante-EMV de fuentes de toda solvencia. Todos ellos son policías de la escala básica con pocos años en el cuerpo, confirmaron las mismas fuentes.

Según esas fuentes, los cinco policías detenidos facilitaban supuestamente información a los otros tres arrestados, que serían quienes asaltaban las viviendas y traficaban. Los investigadores tratan ahora de saber en qué grado se benefició cada uno de los agentes de su presunta participación en la trama. En estos momentos las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario y hoy prestarán declaración los ochos arrestados en la Ciudad de la Justicia. Entres las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad de Asuntos Internos se encuentra el registro de al menos un piso en la calle Juan XIII de Valencia aunque no ha transcendido lo que se incautó en él.

Las actuaciones se han llevado con absoluto hermetismo y han pasado totalmente desapercibidas para el resto de integrantes de la brigada provincial de policía judicial de Valencia.

La investigación arrancó hace seis meses, después de que saltara la alarma durante una investigación abierta sobre una trama de ladrones de viviendas. Nada más saltar las primeras sospechas, el caso pasó a manos de Asuntos Internos. Las primeras pesquisas se iniciaron en Madrid. A medidados de semana, los investigadores se trasladaron a Valencia y el viernes por la tarde se puso en marcha la fase de explotación de la investigación, esto es, la detención de los cinco agentes de policía y de los tres presuntos delincuentes.

En el seguimiento, el caso se judicializó y el magistrado autorizó la intervención de teléfonos que fue lo que al final destapó la relación entre los agentes y los otros presuntos delincuentes, así como su relación con el narcotráfico. Al parecer, los policías podrían haber facilitado información sobre los posibles objetivos, así como datos de investigaciones en curso.

Fuentes policiales confirmaron que se han abierto los correspondientes expedientes disciplinarios, que discurren paralelos a la instrucción judicial y a la futura sentencia. De momento, la medida cautelar, que comporta la suspensión de funciones, empleo y sueldo y la retirada de la placa y el arma reglamentaria, se puede prorrogar por espacio de hasta seis meses, independientemente de lo que después diga el juez.

Por su parte, desde la Conselleria de Gobernación, de donde depende el agente miembro de la Policía Autonómica, aseguraron que seguirán con el procedimiento habitual. También se le abrirá un expediente al margen de lo que determine la investigación judicial. De todas formas, explicaron, están a expensas de lo que decida la Jefatura Superior.

En principio, la investigación policial se da por concluida, aunque está por determinar en qué grado participó o no cada uno de ellos en la supuesta trama corrupta de policías y ladrones. Las fuentes consultadas pidieron cautela, pero se congratularon de la rápida y contundente respuesta ante el descubrimiento de la posible implicación de los cinco policías en los delitos de prevaricación y tráfico de drogas.