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Juicio

Juzgan al ´Padre Ángel´ por estafa y apropiación indebida

El supuesto sacerdote se excusa en que creía estar exento de declarar a Hacienda por ser "una persona religiosa"

 17:07  
Ángel M. B., de 46 años, líder de un movimiento religioso de Picassent, en el banquillo de los acusados de una sala de la Ciudad de la Justicia para ser juzgado por estafa y fraude fiscal.
Ángel M. B., de 46 años, líder de un movimiento religioso de Picassent, en el banquillo de los acusados de una sala de la Ciudad de la Justicia para ser juzgado por estafa y fraude fiscal.  EFE/Manuel Bruque

EFE Un hombre que asegura ser sacerdote y hablar "en nombre de la Virgen" ha sido juzgado hoy en Valencia por apropiarse de bienes y dinero de algunos seguidores de su congregación, a través de la que realizó numerosas operaciones inmobiliarias eludiendo el pago de 386.139 euros a Hacienda.

El acusado, conocido como "el padre Ángel" entre los miembros de la "Junta de la Esclavitud del Sagrado Corazón de Jesús", ha reconocido que nunca ha declarado una compraventa ni sus rentas personales porque creía que estaba "exento" de las obligaciones tributarias al ser una persona "religiosa".

El Arzobispado de Valencia, según ha confirmado en el juicio uno de sus tesoreros, no le ha reconocido como sacerdote, si bien él asegura que fue ordenado a finales de los años ochenta por la hermandad de Toulouse (Francia). Según ha relatado, poco después de ser "ordenado" se instaló en Alzira, donde el día 15 de cada mes, subía a un monte para que la Virgen María hablara a través suyo.

El conocido como 'Padre Ángel' fue nombrado en 1992 presidente de la Junta de la Esclavitud, desde la que realizó numerosas operaciones inmobiliarias que culminaron con la compra de un convento en Picassent al que adhirió decenas de miles de metros cuadrados de campos anexos. Entre 1996 y 1998, el acusado compró cinco apartamentos en Gandia que revendió obteniendo beneficios, sin declarar ni la compra ni la venta. También compró dos pisos en Valencia a dos mujeres que pasaron a ingresar en su movimiento religioso como internas y las revendió posteriormente, y además adquirió seis parcelas rústicas de entre 2.000 y 11.000 metros cuadrados.

El dinero para hacer estos pagos los obtuvo a través de préstamos personales que pedían sus "feligreses" a los bancos. "Los fieles pagan porque todo es de ellos". "Nunca he presentado ninguna declaración ni personal ni de la asociación, nunca me dijeron que tenía que hacerlo. Podrán llamarme iluso, pero es la verdad, estaba mal informado por mi anterior asesor", ha admitido el acusado.

Respecto a la supuesta estafa económica y religiosa, el instructor de la Guardia Civil encargado del caso tiene una "única" conclusión: "todo era una burda mentira". "Engañaba a la gente de formo sibilina con hechos paranormales falsos y voces guturales fingidas. Engañó a señoras mayores miserablemente quedándose con su dinero e internándolas en el convento", ha relatado ante el juez.

Según su informe, los fieles de este movimiento tenían que pagar una cuota y hacer aportaciones monetarias y patrimoniales, porque el mensaje de este "sacerdote autoproclamado" era "haz voto de pobreza y únete".

La Guardia Civil encontró joyas y grandes cantidades de dinero en metálico guardadas "en bolsas de plástico" cuando registró el convento. El procesado "utilizaba todas las propiedades como si fueran suyas", porque, "en uno de los pisos que compró -en Gandia- veraneaban sus padres", ha explicado el instructor de las diligencias policiales.

Uno de sus antiguos fieles, que reclama judicialmente una indemnización por el dinero que aportó su madre a la causa, perteneció a la "Junta de la Esclavitud" durante cuatro años y la abandono al percatarse de que "estaba siendo engañado". "Estábamos convencidos de que los mensajes de la Virgen eran reales, y uno de éstos mensajes era que diéramos dinero para construir una iglesia mayor", ha declarado el denunciante.

La acusación particular le imputa los delitos de estafa y apropiación indebida, mientras que el Ministerio Fiscal solicita ocho años de prisión y 2,3 millones de euros de multa por dos delitos contra la Hacienda Pública.

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