El anuncio del Gobierno, a través de una entrevista del ministro de Economía, Luis de Guindos, al diario británico The Financial Times, de que la banca deberá destinar hasta 50.000 millones de euros en nuevas provisiones para cubrir su exposición a activos inmobiliarios tóxicos promete ser un revulsivo de gran calado en la reestructuración del sector financiero por la incidencia que tendrá sobre las necesidades de capital y la generación de beneficios en las entidades del sector. Dicho de otro modo, las nuevas exigencias darán una vuelta de tuerca a un sector que en los últimos dos años ha vivido una considerable concentración y que, a no dudarlo, emprenderá nuevos procesos de fusión en los próximos seis meses, que es el plazo que se ha dado el nuevo Gobierno para culminar esta reforma.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó ayer que De Guindos elaborará un informe sobre las futuras necesidades de cada banco, porque «no todas las entidades necesitan la misma cantidad y no todas ellas han trabajado de la misma manera». Un informe de Bankia Bolsa citado ayer por Cinco Días —como había sido enviado a clientes la entidad no quiso pronunciarse oficialmente al respecto— asegura que las necesidades adicionales de de capital de las entidades bancarias cotizadas estarían entre los 1.000 y los 4.500 millones. La primera cifra sería el resultado de que la nueva exigencia de cobertura fuera del 40 %, mientras que a la segunda se llegaría con un 50 %. En la actualidad, la cobertura está en el 20 % y el 30 % si el activo adjudicado se mantiene en el balance uno o dos años, respectivamente.
El citado informe concluye que, en el escenario más extremo, los citados 6.000 millones se repartirían de esta forma entre los bancos cotizados: Santander (1.197 millones), BBVA (897), Bankia (415), Popular (973), Banca Cívica (670), Bankinter (128) y Pastor (357). Sabadell y Caixabank no tendría problemas al respecto. Los siete primeros tienen en balance 36.157 millones de euros en activos adquiridos (adjudicados, comprados o entregados en dación en pago). De esa cifra, entre las coberturas específicas y genéricas, están provisionados 13.304 millones , el 37,2 % del total.
Tanto Sáenz de Santamaría como De Guindos han dejado claro que «no está en la mesa del Gobierno ni en la del Consejo de Ministros» crear un «banco malo», es decir, una entidad que concentrarían los activos tóxicos del sector, como se ha hecho en Irlanda. El ministro de Economía expresó su confianza en que las entidades puedan obtener, en la mayoría de los casos, las millonarias nuevas provisiones por sus propios medios, a través de sus beneficios. De Guindos no ocultó que debe producirse una nueva oleada de fusiones entre las cajas.
Contra la cuenta de resultados
Y esto, exactamente, es lo que asegura que pasará el investigador del IVIE y catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, Joaquín Maudos. En su opinión, las nuevas exigencias, dado que las dotaciones irán contra la cuenta de resultados, provocarán que unas cuantas entidades entren en pérdidas y se vean abocadas a las fusiones, si no quieren caer en manos del FROB o no captan el capital añadido suficiente. Maudos recuerda que los cinco bancos sistémicos —Santander, BBVA, Popular, Bankia y Caixabank— tienen que hacer frente a los nuevos requisitos de capital que les reclamó la Autoridad Bancaria Europea —26.170 millones— y por eso no los ve a todos en operaciones de absorción. De los cinco, sí sitúa en esa tesitura al BBVA y al banco creado por la Caixa, precisamente las dos entidades que se barajan como posibles novias de Bankia.
Este experto considera que donde habrá intensos movimientos será entre las entidades medianas y apunta a Ibercaja, Unicaja y la nueva Kutxabank, surgida de la fusión de las cajas vascas, como las más activas, dada su elevada solvencia. Lo que está por ver es cómo todos estos movimientos pueden perjudicar las inminentes subastas de Unnim y el Banco de Valencia.
Economía quiere evitar premios a los directivos
El Gobierno central anunció ayer que quiere evitar que se premie a los directivos de las entidades financieras que han sido intervenidas o han recibido ayudas del Estado, por lo que pedirá al Banco de España su opinión sobre las retribuciones que éstos han recibido y después adoptará medidas al respecto. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamería argumentó que el Ejecutivo central quiere saber si el organismo supervisor cree adecuadas «a las circunstancias actuales» las retribuciones, tanto fijas como variables, de los directivos de las entidades intervenidas o que han recibido ayudas públicas. Por eso, informó de que el titular de Economía, Luis de Guindos, se dirigirá «por carta» al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para conocer la posición del organismo sobre esos sueldos.
