El hombre condenado por matar a sus padres en enero de 2009 en la Fuente de San Luis, que se encuentra cobrando una pensión de orfandad de 687 euros todos los meses, como informó en exclusiva Levante-EMV, todavía no ha hecho frente al pago de la indemnización de 300.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Valencia en concepto de responsabilidad civil. Es por ello que el abogado de los familiares del parricida ha solicitado al juzgado que se le embarguen los derechos hereditarios y pague así la indemnización a su hermana.
El próximo paso será, según las fuentes consultadas por este periódico, pedir que se revoque la pensión de orfandad absoluta que está recibiendo de las arcas de la Seguridad Social por unas muertes que él mismo causó. «Es una total contradicción, no puede estar cobrando después de haber sido condenado por matarlos», argumentó el letrado de la familia.
Nombrar un tutor legal
Además, también se ha solicitado que se determine si el preso, que se encuentra interno en el centro penitenciario psiquiátrico de Fontcalent, está incapacitado legalmente y que de ser así se nombre a un tutor legal, «para que ese dinero no fuera objeto de dispendio por parte del incapaz», aclararon estas mismas fuentes.
Dicho escrito, en el que se pone de manifiesto la pensión de orfandad que está cobrando Manuel García Luján, fue presentado a principios del pasado mes de noviembre por el representante de la hermana del parricida en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. Desde entonces no se ha recibido respuesta sobre dicha petición, según aseguraron fuentes jurídicas.
La hermana del condenado e hija de las víctimas solicita en dicho documento «el embargo de los derechos hereditarios que pudieran corresponderle respecto de la vivienda titularidad de sus fallecidos padres para hacer frente en su caso a la responsabilidad civil fijada en 300.000 euros». Asimismo, dada la situación de incapacidad del interno se demanda el nombramiento de un tutor legal.
Manuel García Luján acabó con la vida de sus dos progenitores golpeándoles con un bate de béisbol y un televisor en enero de 2009. La Audiencia Provincial de Valencia le absolvió de los homicidios por enajenación mental, ya que el parricida padece una esquizofrenia de tipo paranoide, y ordenó su internamiento en un centro psiquiátrico por un plazo máximo de 20 años.
