Los dos guardias civiles del área de investigación de Tavernes Blanques procesados por su presunta pertenencia a una banda de narcotraficantes a gran escala ya están en activo, aunque sin destino. Ninguno de ellos ha sido juzgado aún por esos hechos, por lo que la Guardia Civil se ha visto en la obligación de volver a admitirlos, aunque, de momento, no tienen destino y, por lo tanto, no desempeñan trabajo alguno, aunque sí perciben el sueldo mínimo.

Nada más producirse la detención e ingreso en prisión de ambos

Nada más producirse la detención e ingreso en prisión de ambos, en octubre de 2008 en el marco de la "Operación Gorrión", el cabo Carlos P. M. y el guardia Rafael S. fueron sometidos a un expediente disciplinario por parte de la Comandancia de Valencia. La apertura del expediente, paralelo a la investigación de Asuntos Internos que derivó en su arresto, derivó en la suspensión de funciones de ambos y, por tanto, en la pérdida del empleo y del sueldo. Sin embargo, no se complementó con la pérdida de destino, por lo que, en teoría, ambos deberían ser reintegrados a la plantilla del acuartelamiento de Tavernes Blanques.

Tras permanecer en prisión desde el 13 de octubre de 2008, lograron eludir la cárcel pagando una fianza en julio del año pasado, cuando el recurso por el que su abogado solicitaba la libertad provisional llegó a la Audiencia de Valencia y recayó en la sección cuarta, dado que el tribunal que debió haberlo visto, el de la sección tercera, estaba de vacaciones. Una vez obtenida la libertad, se replanteó su situación laboral.

Agotado el plazo del expediente

Agotados los seis meses que contempla como máximo el reglamento disciplinario para resolver un expediente y lejos aún de obtener una respuesta de la Justicia -el caso no será juzgado, como pronto, hasta después del próximo verano tras dos cierres fallidos del sumario por una petición de la Fiscalía, primero, y por un error en una prueba pericial, después-, ambos han recuperado su situación de agentes en activo -incluso han solicitado sus armas particulares-, si bien no están desarrollando trabajo alguno.

Y éste es no el único proceso judicial grave pendiente. Uno de ellos, el cabo Carlos P. M. deberá ser juzgado, por segunda vez, por un delito de torturas contra un inmigrante al que supuestamente amenazó y vejó tras detenerlo por el supuesto robo de una cartera en un centro comercial de Alboraia. Aunque tanto él como otro guardia de Tavernes Blanques fueron absueltos por la Audiencia de Valencia, la Fiscalía recurrió y el Tribunal Supremo le dio la razón y ordenó repetir el juicio. Eso sucederá a mediados del próximo mes de abril.