La Policía Nacional ha detenido en diez comunidades autónomas a 73 personas por su presunta vinculación con una trama dedicada a la obtención, de manera ilícita, de datos personales y empresariales que luego vendía, principalmente a agencias de detectives de toda España. Seis de los investigadores privados arrestados lo fueron en Valencia —tres hombres y una mujer—, en Alicante y en Alcoi —un hombre y una mujer—.
La bautizada como «Operación Pitiusa» permanece abierta y, según algunas fuentes, al cierre de esta edición, el número de detenidos e imputados superaba con creces el centenar. De momento, el juez de Instrucción número 17 de Barcelona, que dirige el caso, mantiene secretas las diligencias para preservar el éxito de las investigaciones.
La operación policial, liderada por el grupo de blanqueo de capitales de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Jefatura de Policía de Barcelona, se puso en marcha de manera simultánea en todas las ciudades en las que el juez había ordenado detener a presuntos implicados en la red.
En Valencia, los cuatro detectives privados fueron citados por teléfono a primera hora de la mañana para que acudiesen a la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Una vez allí, se les informó de su arresto. Dos de ellos quedaron en libertad y a disposición del juzgado por la tarde, cuando concluyeron las manifestaciones, pero los otros se quedaron detenidos en los calabozos. También los dos detenidos en Alicante y Alcoi quedaron en libertad tras ser interrogados, en presencia de sus abogados, en la Comisaría Provincial alicantina.
Guardias civiles y funcionarios
Según los datos que han trascendido hasta el momento, los arrestados son, en su mayoría, detectives privados acusados de haber comprado informes con datos personales, financieros, laborales o empresariales que obtenían de intermediarios que, a su vez, contaban con funcionarios públicos que les facilitaban esos informes previo pago de algún tipo de comisión.
Los encargados de obtener los datos contaban con una red de funcionarios públicos con acceso a bases de datos restringidas —desde antecedentes penales a certificados de vida laboral, pasando por informes de solvencia o cualquier otra información vedada al público por la Ley de Protección de Datos.
Así, entre los detenidos en el resto de España hay dos guardias civiles —uno destinado en Vitoria y el otro, en Linares (Jaén)—, varios policías locales de diferentes municipios y funcionarios del servicio público de empleo catalán en Badalona (Barcelona), donde al parecer se obtenían muchos de los datos, así como abogadores y gestores, además de los investigadores privados, muchos de ellos clientes finales de la trama.
