El despacho jurídico que defendió al conductor kamikaze indultado que en 2003 causó la muerte a un joven alcireño en la autopista AP-7 es el bufete Uría-Menéndez, uno de los más prestigiosos y laureados de España, pero también uno de los que aglutina más letrados con apellidos insignes. De hecho, entre los abogados ejercientes en ese despacho, tal como se recoge en su página web, se encuentra el hijo del ministro de Justicia, firmante a su vez del indulto del kamikaze.

José Ruiz-Gallardón Utrera, que trabaja para Uría-Menéndez desde 2008, se encuentra actualmente en la oficina de Madrid, en el Área de «Mergers & Acquisitions» (fusiones y adquisiciones, en inglés). Hasta julio, estaba adscrito a la oficina de ese bufete en Sao Paulo (Brasil), de donde regresó después de que unos atracadores mataran en su presencia a un amigo y compañero de la oficina que Uría-Menéndez tiene en esa ciudad brasileña durante un asalto.

Además del hijo de Gallardón, trabaja en ese bufete, como socio desde 2002, el abogado defensor del indultado, el letrado Esteban Astarloa Huarte-Mendicoa, hermano de Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, diputado del Partido Popular en el Congreso de manera ininterrumpida desde el año 2000 y que ha sido subsecretario de Justicia (2000-2002) y secretario de Estado de Seguridad (2002-2004).

El bufete Uría-Menéndez también defendió los intereses de General Motors España —la división española de Opel— durante el proceso judicial por el accidente mortal ocasionado por el conductor kamikaze Ramón Jorge R. S., alto ejecutivo de la compañía automovilística cuando se produjeron los hechos, razón por la que su empresa compareció en la causa como responsable civil subsidiaria. La letrada para defender a la firma automovilística en ese proceso fue Almudena Peleteiro, asociada de Uría-Menéndez desde 2004 y especialista en Derecho Penal del despacho jurídico.

Indignación en los juzgados

La Audiencia condenó al acusado como autor de un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de daños. El indulto fue aprobado en el consejo de ministros del 7 de diciembre, aunque ha trascendido ahora. La noticia del indulto causó ayer una gran indignación en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia impusieron al procesado una pena ejemplar al llegar a la conclusión de que los hechos eran «de una tremenda gravedad» ya que puso en peligro la vida de «un elevado número de personas de una forma gratuita».

Según recoge el indulto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, el Gobierno pidió un informe a los magistrados que dictaron sentencia y a la Fiscalía, aunque no lo tuvo en cuenta. La fiscal jefe, Teresa Gisbert, se opuso a la concesión de la medida de gracia. La sala, según confirmó ayer el Tribunal Superior de Justicia, también advirtió de que la medida no estaba justificada. El indulto se acordó cuando el condenado estaba cumpliendo prisión. El conductor kamikaze ha estado privado de libertad diez meses. La propia sección cuarta no aceptó la suspensión de ingreso en prisión por la tramitación del indulto.

Los jueces indicaron en la sentencia que ignoraban por qué lo hizo el acusado ya que no respondía al perfil de conductor suicida. «Es una persona social y familiarmente integrada, que desarrolla una actividad profesional de responsabilidad y prestigio. Sus superiores, incluso tras los hechos, creen que es responsable y digno de crédito», apuntó el fallo.

La sentencia imponía al acusado la obligación de indemnizar a los padres del fallecido con 130.190 euros, a la novia (que iba en el coche cuando ocurrió el accidente) con 25.767 euros y a otro conductor que sufrió daños en su coche con 5.042 euros. El indulto estaba condicionado al pago de las indemnizaciones, pero era un requisito que no ofrecía problema para el acusado porque la empresa automovilística fue declarada responsable civil subsidiaria.

El Gobierno perdona en un año a más condenados que en la legislatura anterior

El Gobierno ha concedido desde enero de 2012 seis indultos a condenados por delitos contra la seguridad del tráfico, dos más de los que se concedieron en toda la legislatura anterior, aunque lejos de los 18 indultos que se aprobaron entre 2004 y 2007 (coincidiendo con la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero) y los 313 otorgados entre el año 2000 y el 2004, estando en el Gobierno José María Aznar. Hasta el 31 de octubre de 2012, el Ejecutivo había indultado a dos personas condenadas por delitos contra la seguridad vial, según información facilitada por el Ministerio de Justicia. A esta cifra hay que añadir al menos otros cuatro casos más de indultos concedidos a condenados por este tipo de crímenes y publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en diciembre y enero.

Este tipo de indultos han despertado las críticas de algunas asociaciones de víctimas de accidentes. Así, la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, lamentó que se concedan estos indultos «teniendo en cuenta que cuesta mucho que salgan este tipo de sentencias». «Una vez se han puesto, llega el Consejo de Ministros e indultan al acusado y no pasa nada», se quejó.

En comparación con los años inmediatamente precedentes, los indultos concedidos a condenados por este tipo de delitos, pese a ser muy pequeña en relación al número de condenados, han aumentado considerablemente. Así, frente a los seis indultos de 2012, en 2011 se dio uno; en 2010, dos; en 2009, uno y en 2008, ningún indulto.

«Nos da la impresión de que alguien ha abierto la veda y la seguridad vial ha entrado en el bombo de los indultos», señaló el abogado experto en seguridad vial José Pérez Tirado, quien aseguró que durante unos años ha habido la «regla no escrita» de no indultar a condenados por estos delitos y rechazó duramente el instrumento del indulto. «El mensaje que se da a la sociedad y a las víctimas es penoso», subrayó.

La cifra está lejos, sin embargo, del número de indultos concedidos en el 2000. Ese año se concedieron 226 indultos por delitos relacionados con la seguridad vial, según las cifras del Ministerio de Justicia. Un año más tarde, el número de indultos se redujo significativamente, hasta los 31 indultos. En 2002 fueron 14; en 2003, 28 indultos y en 2004, 14 indultos. Los años 2005, 2007 y 2008 no hubo ninguno. levante-emv valencia