La Audiencia Provincial de Alicante sentará en el banquillo a los presuntos miembros de una red acusada de planear una venta de explosivos en un chalé de l´Alfàs del Pi. Se trata de una de las macrocausas que tiene que celebrar la Audiencia en los próximos meses y por las que se han pedido refuerzos al Consejo General del Poder Judicial. La Fiscalía considera que se trata de una red criminal dedicada al tráfico de armas de guerra y reclama para cada uno de los seis acusados una pena de ocho años de prisión, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario.

La Policía investigaba a este grupo por sus presuntas conexiones con el terrorismo islamista. De hecho, el hermano de uno de los acusados estuvo imputado en el primer juicio celebrado contra Al Qaeda en España como presunto colaborador de los Atentados del 11 de Septiembre. La investigación comenzó en la Audiencia Nacional por las conexiones terroristas, pero acabó en un juzgado de Benidorm al considerar los investigadores que los hechos estaban más relacionados con el tráfico de armas de guerra.

La investigación arrancó en marzo de 2006, fecha en la que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía comenzaron a controlar las actividades del grupo por sus presuntas conexiones terroristas. Buena parte de las pruebas está basada en las escuchas telefónicas practicadas a las acusados. Concretamente se les imputa el intentar llevar a cabo una venta de explosivos, así como la compra de una pistola ametralladora con su munición correspondiente.

La supuesta reunión en el chalé de l´Alfàs habría tenido lugar el 29 de marzo de 2006 con el fin de negociar la venta de explosivos. Una de las imputadas es una mujer de nacionalidad alemana, propietaria de este chalé y que tenía una relación sentimental con uno de los acusados. Alguno de los imputados reconoció en los interrogatorios que el fin de estos explosivos no eran los atentados terroristas, sino su venta a grupos organizados para reventar cajas de seguridad.