La sección quinta de la Audiencia de Valencia está juzgando a doce personas por la prostitución de una menor de 16 años de origen rumano en Quatretonda. Tres de los imputados están acusados de explotar como esclava sexual a la adolescente y los otros nueve de pagar por sus servicios. La Guardia Civil sospecha que los principales acusados pudieron abonar 3.000 euros por la menor, aunque este extremo no lo considera probado la Fiscalía. En la causa está procesada una mujer que también ejercía la prostitución.
Esta mujer se enfrenta a una pena de 16 años de prisión por un delito de trata de seres humanos y otro de prostitución coactiva, según se desprende de la calificación provisional del ministerio público, mientras que a su pareja le solicitan 25 años, al añadirle un delito continuado de abusos sexuales. El fiscal pide para el chófer 14 años de prisión, y para el resto de procesados salvo para uno, penas que oscilan entre tres y 12 años y tres meses de cárcel. El ministerio público no reclama pena para uno de los supuestos clientes porque tiene una alteración psicológica.
Los hechos presuntamente ocurrieron en enero de 2011. La procesada reconoció ayer que vino con la menor a España desde Rumanía, pero insistió en que ella se trasladó de forma voluntaria y que ejerció la prostitución de forma libre. La imputada aseguró que la menor "tenía intención de trabajar en la limpieza o cuidando mayores". "Ella decidió libremente después dedicarse a la prostitución porque no encontró otro trabajo. Yo no la obligué", insistió.
El novio de la mujer declaró que él no sabía que la menor se prostituía y desmintió que se dedicara a buscarle clientes.
La Fiscalía sostiene que la pareja costeó el billete de autobús desde Rumanía a la menor para prostituirla. Según el ministerio público, contaron con la ayuda de un tercer imputado que desplazaba a la víctima en coche para que mantuviera los encuentros sexuales.
El resto de procesados supuestamente tuvieron relaciones sexuales previo pago siendo conscientes de que era menor de edad. La adolescente fue liberada por la Guardia Civil en abril de 2011 y pasó a estar tutelada por la Generalitat Valenciana.
