La defensa del veterinario de Benijózar Marcelo G., acusado de descuartizar y mandar incinerar a su esposa y al que el juez ha enviado a prisión por supuesto homicidio, insiste en que la mujer se suicidó. Para ello ha aportado a la investigación documentación médica de varios intentos de suicidio, uno de ellos ocurrido cuando estaba en Argentina y otro cuando residía en La Rioja, en este caso tras autolesionarse cortándose las venas.

Además, el letrado explica que la mujer conocía perfectamente la administración de fármacos, había estudiado cuatro años Veterinaria en su país de origen y era adicta a los medicamentos.

Esa versión, según su abogado, ha sido refrendada por las declaraciones de los hijos de la pareja, de 19 y 25 años, ante la Guardia Civil, que han avalado la personalidad con episodios suicidas de su madre, muy afectada por un problema de sobrepeso —llegó a España con 55 kilos y superaba ahora los 95, según el letrado—. El veterinario, de 45 años, incluso admitió en su declaración que su esposa le había llegado a pedir una operación de reducción de estómago pero él se negó de forma tajante a realizarla.

En su relato, la defensa de Marcelo G. asegura que en la noche del 27 al 28 de marzo oyó un ruido en la habitación contigua a la que ocupaba en la clínica veterinaria en la que ambos estaban de guardia y halló a su mujer, de 46 años, inconsciente tras haber ingerido, según él, una gran cantidad de fármacos. Y se dispuso a reanimarla.

Posturas irracionales

¿Por qué no hizo lo más lógico: llamar a los servicios médicos? ¿Por qué asegura que intentó reanimarla durante 3 horas y una vez que fracasó, la descuartizó, la mantuvo tres días en un maletero y la llevó a una incineradora de mascotas? Según explica la defensa del presunto homicida, en situaciones límite como ésta, personas racionales «adoptan posturas irracionales» que no se ajustan a la lógica. Además el veterinario habría seguido el deseo de su esposa de ser incinerada al fallecer, voluntad que había expresado por escrito en alguna ocasión, según dijo.

El letrado asegura que el veterinario es una persona sin antecedentes penales, conocida por su trabajo, y que colaboró entregándose ante la Guardia Civil, aconsejado por sus hijos. La defensa mantiene que de estos hechos se podría derivar un delito de profanación de cadáver y que va a recurrir el auto de ingreso en prisión de su representado.

El veterinario fue trasladado a última hora del lunes a la prisión de Fontcalent donde fue trasladado al departamento de ingresos. Allí se le aplicó el protocolo que hay para estos casos para prevenir suicidios y compartirá celda de forma permanente con otro recluso. Al parecer, se encuentra «tranquilo».