La retirada de denuncias en el juzgado obliga a absolver a uno de cada tres hombres acusados de maltrato, según revela la memoria de la Fiscalía hecha pública ayer. El fiscal advierte de que a pesar del dato solo el 0,0038% de las acusaciones son fraudulentas. El problema de fondo son las mujeres que retiran las denuncias por la dependencia económica o sentimental que tienen de su maltratadores, según explicaron fuentes del ministerio público.

La memoria del fiscal general del Estado precisa que los jueces valencianos absolvieron en el 2012 a 599 hombres acusados de violencia machista y condenaron a 1.483 maltratadores. Dos de cada tres condenados admitieron los hechos para beneficiarse de una rebaja de la condena. La mayoría de las sentencias son por un delito de maltrato ocasional y un tercio por coacciones.

El informe apunta que en 2012 a nivel nacional descendieron por segundo año consecutivo el número de víctimas mortales de la violencia machista al pasar de 68 mujeres asesinadas a 52. En la Comunitat Valenciana se cometieron seis asesinatos. La mayoría de las víctimas no habían denunciado a sus agresores.

La memoria de la Fiscalía lamenta el alto porcentaje de retiradas de denuncias que en Valencia es del 28,77%, que impide a los fiscales mantener la acusación al no poder utilizar en el juicio el testimonio de las víctimas como prueba de cargo.

El informe revela que el 83% de las condenas privativas de libertad quedan suspendidas porque son sentencias de menos de dos años de prisión y el maltratador carecía de antecedentes penales. El informe mantiene que a pesar del beneficio de la suspensión de la pena, todos los condenados tienen una orden de alejamiento que legalmente les impide acercarse a las víctimas y en el caso de que la incumplan incurrirían en un nuevo delito.

El fiscal incide en su informe anual en la necesidad de mantener los Puntos de Encuentro Familiar cuya finalidad es normalizar las relaciones y la entrega de los menores en separaciones conflictivas. La Fiscalía General del Estado también considera esencial la implantación de un protocolo médico forense para que los miembros del ministerio público dispongan de un informe sobre el riesgo que sufre la víctima. El documento destaca que la información que tiene el forense del juzgado es más amplia que la de la policía porque se entrevista con la víctima y al agresor, y dispone de la información médica y psiquiátrica.