La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un barcelonés de 37 años presuntamente implicado en una estafa a gran escala de la que fueron víctimas más de 70 personas y gracias a la cual habría obtenido cerca de dos millones de euros. El supuesto estafador, con reclamaciones pendientes por parte de juzgados de Girona, Barcelona e Ibiza, se había ocultado al parecer en Valencia tras ser condenado por la sección novena de la Audiencia de Barcelona, que había ordenando su detención e ingreso en prisión el año pasado.

Según fuentes conocedoras del caso, Marcos llegó a Valencia a principios de este verano y puso en marcha un bar. El jueves de la semana pasada, el presunto estafador fue localizado en la avenida de Tres Forques por agentes de la comisaría de Patraix, que lo arrestaron de inmediato. Al parecer, el acusado habría estado utilizando el nombre de su hermano para evitar su localización, extremo que está bajo investigación policial.

Una vez detenido, fue trasladado a dependencias policiales y, al día siguiente, fue entregado en el juzgado de guardia de Valencia, que decretó su ingreso en prisión en cumplimiento de la orden del citado tribunal, así como otra exactamente igual emitida por la sección décima de la Audiencia de Barcelona.

Marcos José R.G. fue detenido en mayo de 2009 por agentes del grupo de delincuencia económica de la UDEF de Barcelona tras una investigación que había comenzado meses atrás, después de que un grupo de damnificados presentara una querella contra el ahora arrestado y sus presuntos cómplices ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona.

Según constató la investigación policial y judicial, el grupo, supuestamente liderado por Marcos José, simulaba disponer de una amplia cartera de bienes inmuebles principalmente pisos y, tras falsificar escritos con sellos de distintos juzgados barceloneses, ofrecían a sus víctimas las viviendas con el señuelo de un precio bajo dado que, según ellos, se trataba de propiedades en proceso de subasta judicial. Para acceder a la compra, exigían a las víctimas una señal, que oscilaba habitualmente entre 6.000 y 12.000 euros. Sin embargo, nunca se llegaba a producir la venta porque ni los pisos estaban en subasta, ni los documentos judiciales eran reales. La operación policial se saldó a principios de 2009 con 15 detenidos, entre ellos Marcos José R.G., que, sin embargo, no ingresó en prisión.