El séptimo detenido en la trama de evasión de capitales desmantelada en Valencia y que de momento le ha costado la cárcel a un sargento, a un guardia y a un empresario chino de Alfafar también fue agente de la Guardia Civil, si bien lleva más de un año fuera del cuerpo, después de pasar a la reserva activa.

Se trata del brigada retirado Francisco A., quien fue citado el viernes en la Comandancia de Valencia para declarar como imputado. Los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil detuvieron al suboficial retirado y, tras recibirle declaración, lo dejaron en libertad, a disposición de la juez de Quart de Poblet, quien casi con toda seguridad lo citará a declarar en los próximos días.

Así, son siete las personas imputadas en la causa abierta por un presunto delito de evasión de capitales y otros de tráfico de drogas, aunque de este último delito sólo están acusados el sargento de la Guardia Civil Francisco Javier C.S., de 56 años, y un ciudadano español cuya identidad no ha trascendido.

Según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de toda solvencia, el brigada retirado está acusado de colaborar con el empresario chino en el traslado de dinero no declarado a China. El exguardia civil mantenía fuertes vínculos de amistad con el empresario chino desde hacía años, cuando fue sargento en el cuartel de Alfafar, localidad donde se encuentra el restaurante chino propiedad del ahora arrestado.

Los investigadores del EDOA centrarán los próximos meses en la investigación patrimonial tanto de los dos agentes en activo detenidos y encarcelados, como del dueño del restaurante, que mantenía un altísimo nivel de vida.

Según la investigación abierta en enero pasado por el EDOA, y que se intensificó a partir del pasado mes de julio, la frecuencia de envío de dinero negro a China era de una maleta a la semana, como mínimo, siempre a través del aeropuerto de Manises y con la presunta colaboración de los dos guardias civiles. Las sumas de dinero que se pasaban por el aeropuerto valenciano hacia China oscilaban ente 300.000 y 500.000 euros.

Durante las vigilancias, los investigadores fueron testigos del método empleado: el agente en cuestión -a veces el guardia civil o el suboficial acudían al aeropuerto incluso sin estar de servicio-, recibían de manos de alguno de los enviados del empresario la mochila cargada de billetes en una zona pública previa al escáner, la introducían en el área restringida sin pasar control alguno y después se la devolvían en la sala de embarque al viajero, justo antes de tomar el avión con destino final en China, donde debía entregar el dinero.