Las defensas de los 18 supuestos miembros del grupo neonazi Frente Antisistema, cuyo juicio ha empezado este lunes en la Audiencia Provincial de Valencia, han cuestionado la legalidad de los registros practicados por la Guardia Civil en sus domicilios.
El tribunal ha estimado que hay "indicios" para dar validez a las escuchas telefónicas practicadas y ha considerado competente al juez que las ordenó, frente a las protestas de las defensas, si bien deberá estudiar las alegaciones referidas a los registros porque varios de los procesados, al parecer, fueron detenidos antes de practicarse los registros y no recibieron asistencia letrada.
En estos registros se encontraron numerosas armas de fuego y armas blancas, como machetes, navajas, hachas y puños americanos, con los que, según la Guardia Civil, los procesados propinaban palizas a sus víctimas.
En el banquillo de los acusados se han sentado hoy quince de los 18 procesados, entre los que se encuentra un concejal de España 2000 de Silla, dos militares y el asesino confeso de Guillem Agulló, mientras que dos se encuentran en rebeldía y uno esta ingresado en un centro psiquiátrico.
Todos los procesados han afirmado conocer los hechos que se les imputan y estar en desacuerdo con los mismos.
El abogado de la acusación popular, que ejerce Movimiento contra la Intolerancia, Esquerra Unida, Esquerra Republicana y Acció Cultural del País Valencià, ha pedido la suspensión del juicio porque sólo había tenido 9 días para estudiar un sumario de 42 tomos, petición que ha sido denegada por tratarse de cuestiones privadas de esta parte.
Prácticamente todas las defensas han coincidido en sus consideraciones previas al cuestionar la validez de las escuchas telefónicas a las que fueron sometidos los procesados, básicamente por considerarlas inmotivadas y prospectivas.
También han denunciado los "tintes políticos del juicio" porque a su juicio las acusaciones tienen una base "ideológica", y han defendido que las páginas de internet a través de las cuales se vendían supuestamente armas ilegales "eran sólo un catálogo" de objetos "que se pueden adquirir en cualquier bar de carretera", y que de estos hechos se presuponen "violencia contra homosexuales, actos racistas y demás" basándose en "presunciones estereotipadas".
Los letrados de la defensa han advertido de la supuesta vulneración de la libertad ideológica y han insistido en que sus clientes pertenecen a organizaciones legales.
Por el contrario, tanto la Fiscalía como la acusación popular han defendido la validez de las escuchas y la competencia del juez de Carlet que las ordenó.
El letrado de la acusación popular ha detallado varias de las referencias al nazismo halladas en la documentación intervenida a los miembros de esta supuesta banda organizada, y ha insistido en que las escuchas fueron clave para observar la organización de la banda y su estructura jerárquica.
La legalidad de las escuchas, según han explicado el magistrado que preside el tribunal, se valorará en el fondo de la sentencia, si bien "hay indicios para admitir su validez", ha afirmado.
Los acusados han insultado a varios fotógrafos y cámaras de televisión al inicio de la vista, cuando han accedido a la sala para grabarles, y agentes de la Policía Nacional han identificado a las puertas de la Ciudad de la Justicia a varios compañeros de los procesados, todos ellos vestidos con estética "skin".
El abogado de la acusación popular ha pedido a fotógrafos y cámaras de televisión que no recogiesen su imagen por temor a posibles represalias.
Como anécdota, el magistrado presidente del tribunal ha ordenado la instalación de dos ventiladores en el interior de la sala de vistas tras un receso, así como la apertura de las puertas, para tratar de mitigar el calor.
