La juez de Instrucción número 12 de Valencia ha abierto diligencias contra el teniente de alcalde de Alfara de la Baronia (Camp de Morvedre), del Partido Popular, imputado por haber falsificado presuntamente una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, con la que fue sorprendido aparcando en una calle de Valencia. El acusado, José Luis N. N., tal como recoge la investigación policial que está en manos del juzgado, «no tiene ni ha tenido nunca la movilidad reducida».
La situación quedó al descubierto gracias a agentes de la Policía Local del Marítim, que repararon en un Mercedes C-250, estacionado en un lugar reservado a discapacitados de la avenida del Puerto en su cruce con la calle J. J. Domine, sobre cuyo salpicadero había una tarjeta -la número 14- expedida por el Ayuntamiento de Alfara de la Baronia, aunque el vehículo carecía de señales visibles de que estuviera adaptado a una persona con discapacidad.
Por esa razón, los agentes esperaron y, cuando llegó José Luis N. N., de 71 años y sin problemas aparentes de movilidad, le pidieron que les dejara ver la tarjeta. Tras examinarla y constatar que parecía auténtica, profundizaron aún más y le solicitaron la tarjeta de plástico que expide la Generalitat a las personas con discapacidad reconocida.
Y ahí comenzaron las sorpresas. José Luis N. N. afirmó no disponer de ella ni saber nada de su existencia. Y explicó que la había obtenido en el ayuntamiento de su pueblo y de la mano del secretario del consistorio, sin desvelar su condición de segunda autoridad del municipio.
La Policía Local retiró el vehículo con la grúa, intervino cautelarmente la tarjeta e informó de lo sucedido a la comisaría del distrito, que abrió una investigación para determinar si se trataba o no de una falsificación. Así, se descubrió que el teniente de alcalde jamás había tenido reconocida discapacidad alguna. Los agentes imputaron al investigado el pasado 17 de julio, tras citarle en la comisaría del Marítim después de que el Ayuntamiento de Alfara de la Baronia diese la callada por respuesta.
La juez, que citará en breve al concejal popular imputado, deberá dilucidar ahora si, como afirma la policía, se aprovechó de su cargo en el ayuntamiento para hacerse con una tarjeta en blanco, rellenarla a su nombre y estamparla con el sello oficial del consistorio para poder estacionar en aparcamientos reservados a personas que sí tienen la movilidad reducida y a las que, por tanto, les cuesta más desplazarse.
