Casi dos años después de su muerte y tras luchar sin respiro en busca de justicia, la madre de Francisco de Paula Catalán Martín puede empezar a soñar con ver a los presuntos responsables del homicidio de su hijo sentados frente a un jurado popular: el fiscal ha solicitado para ellos una pena conjunta de 26 años de cárcel por asesinato e incendio, y una indemnización de 75.000 euros. Paco vivía solo en una casa de alquiler en Alpuente y en la madrugada del 11 de diciembre de 2012, los bomberos encontraron su cadáver en el salón-comedor, en la planta baja de una modesta casa de pueblo de tres alturas, cuando extinguían las llamas que devastaron parte de la vivienda.
La investigación ha sido larga y tediosa, porque el informe de la autopsia nunca dejó claro el origen exacto de la muerte; sólo que la víctima había fallecido asfixiada, por edema de glotis, provocado por la inhalación de humo. Nada más. Ni golpes, ni otras lesiones visibles.
Sin embargo, la inspección ocular que realizó el equipo de Policía Judicial de Requena al día siguiente y la posterior llevada a cabo por el equipo de investigación de incendios de la Guardia Civil, con sede en el cuartel de Benimaclet, en Valencia, acabarían siendo el elemento determinante para permitir al fiscal imputar ahora sendos delitos de incendio en concurso ideal con otros dos de asesinato a la pareja que esa noche estaba en su casa y a la que conocía sólo desde unos días antes, a pesar de lo cual les había abierto las puertas de su casa.
Así, los especialistas en incendios de la Guardia Civil determinaron que la víctima, que sufría una discapacidad -le faltaba la mano izquierda- no estaba sola aquella noche y que, además, las llamas habían comenzado en tres puntos distintos del salón de manera simultánea; dicho de otro modo, alguien había prendido fuego a la casa y había abandonado a su suerte a Paco, quien ya no pudo salir porque, probablemente, había perdido la consciencia.
Con antecedentes de maltrato
Además, los agentes averiguarían que unos minutos después de salir de la casa, sobre las 0.38 horas, los acusados, Juan Carlos R. L., de 48 años y con varios antecedentes penales -entre ellos uno de lesiones en el ámbito familiar- y Esperanza A. A., de 45 y una bajísima capacidad intelectual, llamaron al 112 para alertar del fuego -pese a que estaba en sus inicios- y de «la conveniencia de que acudieran los bomberos».
Ni Juan Carlos, para quien el ministerio público solicita 17 años de cárcel, ni Esperanza, a quien le pide 9, han sido jamás detenidos. En un primer momento, cuando los agentes ataron cabos y se dieron cuenta de que todo apuntaba a un homicidio y que ellos do eran las personas que estaban con Paco en la casa, los agentes de Policía Judicial de Requena les tomaron declaración como simples testigos.
A fuerza de hacerles comparecer, con la aparición en cuentagotas de cada nuevo informe, los abogados de la madre de Francisco lograron hacerles reconocer su presencia en la casa. En junio de 2013, año y medio después de la muerte de Paco, el Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria transformó el procedimiento judicial en jurado y seis meses después aceptó por fin imputar a los sospechosos, aunque no se dictó ni su detención, ni se decretaron medidas cautelares, como pretendía la madre de la víctima.
Finalmente, la Fiscalía, que pidió una nueva ronda de declaraciones a principios de verano, ha encontrado suficiente carga probatoria como para sustentar una acusación de asesinato mediante incendio del que deberán responder en breve en la Ciudad de la Justicia de Valencia ante un tribunal de jurado.
