07 de julio de 2015
07.07.2015
Operación policial

Una red obligaba a inmigrantes a trabajar en régimen de semiesclavitud en el campo

Las víctimas llegaban a Valencia a través de cuatro empresas de empleo temporal y eran hacinadas en viviendas

07.07.2015 | 04:15
Una red obligaba a inmigrantes a trabajar en régimen de semiesclavitud en el campo

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en trata de personas, con las que contactaban mediante empresas de empleo temporal para luego ser explotadas en zonas rurales de Valencia, Lleida y Almería. La mayoría de las víctimas eran inmigrantes a quienes se daba de alta utilizando documentación falsificada, por lo que los arrestados fueron acusados de usurpación de estado civil, falsedad documental y trata de personas, entre otros delitos.

La llamada «Operación Repollo» se saldó con 10 personas detenidas (ocho hombres y dos mujeres). Además, otros siete sospechosos fueron imputados (cinco hombres y dos mujeres), todos ellos con edades comprendidas entre los 24 y 56 años y de origen ucraniano, rumano y español. Se trata de los cabecillas de la organización y miembros de cuatro empresas de trabajo temporal, quienes aportaban la infraestructura necesaria para captar a los trabajadores y distribuirlos por España.

Fue la Guardia Civil de Carlet quien, en 2009, detectó la presencia de estos empleados en el campo valenciano. Según la Benemérita, personas residentes oficialmente en distintos puntos de España que no trabajaban estaban dados de alta en la Seguridad Social por hipotéticos trabajos realizados en Valencia. Tras estos indicios, se abrió una investigación para identificar a los miembros del grupo y verificar sus posibles actividades ilícitas.

En una segunda fase de las pesquisas, y en coordinación con la Inspección de Trabajo, los investigadores detectaron que los ahora detenidos actuaban supuestamente en contra de los derechos laborales de los trabajadores y realizaban trata de seres humanos.

Bajo el nombre de «cap de cuadrilla», los encargados de captar trabajadores tanto en España como en sus países de origen hacinaban a las víctimas en viviendas en las cuales llegaban a convivir hasta 18 personas. Los explotadores administraban además el sueldo de los empleados y les controlaban las cartillas bancarias. Eran los cabecillas de la trama quienes destinaban los jornales de los trabajadores a pagar el alquiler de las viviendas, el transporte y el material de trabajo.

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