La denuncia de una valenciana que aseguraba haber sido llevada a Manresa (Barcelona) mediante engaños con una falsa oferta de trabajo, y posteriormente encerrada sin comida hasta que aceptó vender su cuerpo, ha destapado una red de explotación sexual de mujeres en Barcelona. La Policía Nacional ha detenido a los seis miembros de esta trama, entre los que se encuentra el principal responsable, de origen ucraniano.

Los agentes han logrado liberar a diez mujeres víctimas de dicha trama de proxenetas. Las mujeres, muchas de ellas en situación irregular y por lo tanto más vulnerables, eran captadas a través de falsas ofertas de trabajo publicadas en prensa e internet, y eran forzadas a ejercer la prostitución cautivas en pisos clandestinos controlados por la organización.

Las víctimas, que estaban encerradas en los pisos y debían prostituirse las 24 horas, vivían controladas a través de un sistema de videovigilancia por la organización, que ofrecía los servicios de las meretrices en la prensa e internet.

Blanqueaban comprando casas

De hecho, los investigadores constataron que, desde 2008, el grupo gastó 75.000 euros en anuncios en un periódico local, y se comprobó que en los siete años que llevaba operando dicha organización había conseguido grandes cantidades de dinero. Estas ganancias las destinaban a comprar inmuebles -habían adquirido tres fincas urbanas residenciales en Manresa- y a enviarlo a Ucrania.

La investigación arrancó cuando los agentes identificaron a una mujer de nacionalidad española y natural de Valencia, quien denunció haber sido víctima de dicha organización. Según explicó a los agentes, éstos la engañaron con una falsa oferta de trabajo y la trasladaron de Valencia a Manresa. Una vez allí descubrió que el trabajo prometido no existía y fue obligada a prostituirse. Cuando ésta se negó, los proxenetas la encerraron en uno de los pisos y le dejaron de dar comida hasta que finalmente aceptó vender su cuerpo.

En la operación se han realizado siete registros domiciliarios en Manresa, donde los agentes decomisaron más de 75.000 euros en efectivo, joyas, once teléfonos móviles, tres ordenadores y documentación relacionada con la explotación sexual -envíos de dinero al extranjero, libretas bancarias y resguardos de anuncios de los prostíbulos-. La policía les atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución coactiva y proxenetismo.