La detención del exteniente de alcalde de Gilet, Salvador Ortí, dentro de la desarticulación de una supuesta trama de explotación laboral de condenados a trabajos a favor de la comunidad reabrió ayer las dudas en la población sobre cómo se desarrolló este proceso durante el anterior mandato de PP, Amb Trellat y AUG, así como otras gestiones que el PSPV local siempre ha cuestionado. De hecho, una entidad vinculada a la fundación ahora desmantelada por supuesta explotación laboral dejó a deber unos 25.000 € en Gilet. Tras lograr ser la única a la que entonces se ofreció explotar un mercado en la parcela municipal destinada al nuevo colegio, la iniciativa fracasó y ni el ayuntamiento ni varios proveedores cobraron. Para arrojar luz sobre estos aspectos, el alcalde Salva Costa (PSPV) adelantó ayer que va a convocar una comisión de investigación. «Hay que ver qué ha ocurrido a nivel político y colaborar con la justicia. Precisamente la persona que iba de justiciero, que ha metido en jaleos judiciales al ayuntamiento contra otros equipos de gobierno, parece estar metido en un lío», decía pese a que el entorno de Ortí liga el arresto a la actividad de una antigua empresa suya.
