Pintaban, realizaban trabajos de albañilería y vigilaban el polígono industrial por la noche, entre otras muchas labores. Cientos de condenados a servicios a la comunidad se convirtieron entre 2010 y 2013 en una plantilla de empleados «fantasma» al servicio de la Fundación Vecinal Vicente Blasco Ibáñez, una entidad que traficaba con estos trabajadores y los ofrecía a empresarios, autónomos o a cargos públicos, como el exacalde de Loriguilla, José Javier Cervera. Además, no solo eran explotados, sino que la fundación cobraba a particulares y empresas en algunos casos por las obras que realizaban, según fuentes conocedoras de la investigación.

La denuncia de varios de estos condenados permitió destapar una red de trata de seres humanos con fines de explotación laboral sin precedentes en la provincia de Valencia. Este plantel no veía un euro por los trabajos que estaban obligados a desempeñar si querían que el jefe de la policía local firmara la documentación que acreditaba que habían cumplido la condena.

Las víctimas llegaban hasta Loriguilla a través de la fundación vecinal, que firmaba los convenios con el Servicio de Gestión de Penas. Gracias a la colaboración del exjefe de la policía local de Loriguilla, M. J. P., que era quien debía firmar los justificantes de las horas cumplidas, la trama coaccionaba a las víctimas hasta conseguir lo que quería.

En total se han detenido 14 personas, entre las que figura el presidente de la fundación y sus familiares, el exalcalde del Partido Popular Javier Cervera y el exconcejal del Ayuntamiento de Gilet Salvador Ortí. Para este último, exteniente de alcalde de la localidad y del partido independiente Amb Trellat, presuntamente se habrían desviado condenados para que trabajaran en su empresa de Alboraia. Fuentes de su entorno explicaron a este periódico de que se trata de un asunto privado y nada tiene que ver con su gestión en el consistorio de este municipio de Camp de Morvedre.

Además, de acuerdo con las investigaciones, el exalcalde de Loriguilla presuntamente llevó a cabo la desviación de fondos públicos para sufragar los gastos de los vehículos que la Fundación empleaba para trasladar a las víctimas y que fueron también empleados en los coches particulares del presidente de la fundación y su familia.

«Se veía a mucha gente siempre por el pueblo trabajando en parques, jardines, en el ayuntamiento y edificios públicos, por la noche, ... era algo muy raro», cuenta uno de los vecinos de Loriguilla. En esta localidad del Camp del Túria la noticia fue recibida sin mucha sorpresa, ya que muchos residentes sospechaban de la presencia de tantos trabajadores.

Según la Guardia Civil, quien ha llevado a cabo esta operación denominada Trasso, la fundación recibió a través de este convenio a 1.450 personas, de las cuales cientos de ellas fueron víctimas de un delito contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Fuentes consultadas por este periódico señalaron que se trata de un número «elevado» de condenados, que llegaban desde todos los rincones de la provincia a través del acuerdo que mantenía la fundación con Instituciones Penitenciarias, el órgano encargado de gestionar las penas. En este sentido, este año, por ejemplo, hay diez condenados trabajando en servicios comunitarios en esta misma localidad.