El crimen de Alcàsser debería haber prescrito en 2013, cuando se cumplieron 20 años de los asesinatos de Míriam, Toñi y Desirée. Sin embargo, existen excepciones por las cuales la prescripción se paraliza y deja de correr el contador del tiempo.
Este es el caso de Antonio Anglés, acusado como autor material de los hechos. El proceso contra él se extiende desde el 27 de enero de 1993 hasta el 14 de diciembre de 2009, y «comprenden tanto actuaciones encaminadas a la localización del fugado, como diligencias de investigación acerca de la participación del mismo en los hechos», según la que fue en su día la acusación particular, la asociación Clara Campoamor.
Como indica el artículo 132 del Código Penal, una de las excepciones que implica la paralización de la prescricpión es precisamente que el proceso esté dirigido a una persona directamente, con nombre y apellidos. Este es el caso de Anglés y no, por ejemplo, el de Eva Blanco. En el caso madrileño, la Guardia Civil tenía varios sospechosos, y realizaron pruebas de ADN durante años, pero no había un acusado público ni mencionado por un juez, por lo que durante el período de investigación el contrarreloj continuó su curso, explican a Levante-EMV fuentes jurídicas.
Sin embargo, desde 1993 hasta 2009 se practicaron diferentes diligencias en el caso Anglés, dirigidas a su persona, por lo que durante ese lapso el contador del tiempo permaneció paralizado. Cuando se cesaron las órdenes de escucha a la familia del acusado, en 2009, el contador volvió a reanudarse. La justicia tiene hasta 2029 para dar con él.
