Cuatro personas han aceptado hoy sendas penas de tres años de prisión como máximos responsables de una organización criminal asentada en Castelló que traía a compatriotas de Rumanía con una oferta de un trabajo y, luego, las prostituía bajo coacciones. En la vista celebrada en la Audiencia de Valencia otros trece procesados han aceptado un año de prisión por pertenencia a banda criminal.

Esta condena es fruto de la conformidad alcanzada hoy por las partes antes de que diera comienzo el juicio por estos hechos, ocurridos entre 2011 y 2013, y todos los acusados los han reconocido.

El Ministerio Público reclamaba inicialmente para los procesados, todos ellos de nacionalidad rumana, hasta trece años de prisión por trata de seres humanos, prostitución coactiva y pertenencia a organización criminal.

No obstante, el hecho de que las víctimas se hayan «echado atrás» en sus denuncias ha imposibilitado que la Fiscalía mantuviera la acusación por el delito de trata y reclamara penas superiores, según han afirmado fuentes judiciales.

Según han reconocido los acusados, uno de ellos se puso en contacto en Rumanía, país del que es natural, con una pariente suya, también procesada, y le pidió que le proporcionara mujeres para ejercer la prostitución en España. De este modo, ella contactó con una de las víctimas y le propuso ir a España a trabajar, sin informarle en qué iba a consistir el trabajo, y la chica aceptó, dada la situación económica en la que se encontraba.

El 4 de agosto de 2013, viajaron la procesada y la víctima a Castelló, donde fue a recogerle el procesado en compañía de otras dos personas, y se trasladaron al domicilio de este, en Nules. Entregaron ropa a la chica, le retiraron su documentación y el teléfono móvil, la llevaron a una rotonda de la CV-317, entre Sagunt y Canet d'En Berenguer, y la bajaron e informaron de que su función era parar los coches y proponer relaciones sexuales a los conductores, a los que tenían que hacer «lo que ellos pidieran».

También le dijeron que los clientes sabían lo que tenían que pagar y que el dinero se lo iban a quedar ellos, porque le habían costeado el viaje y la alojaban, y se fueron.

La joven, «asustada y abandonada» en la rotonda, fue vista por una prostituta -testigo protegida en la causa- que se la llevó a su casa y, posteriormente, la acompañó a la Policía para que denunciara los hechos.

Durante la interposición de la denuncia, uno de los procesados llamó a la prostituta y exigió que le devolviera a la chica porque era suya después de comprársela a uno de los principales acusados para que ejerciera la prostitución para él.

Esta testigo declaró además en la causa que en 2011 conoció a una mujer en Rumanía, de donde también es natural, que le ofreció trabajo en España y facilitó un billete de avión a Barcelona.

Según explicó, allí le recogió uno de los miembros de la organización criminal y trasladó a Nules, donde, bajo coacciones basadas en una supuesta deuda, estuvo ejerciendo la prostitución, y también en Moncofa, junto a otras tres mujeres que también trabajaban para la banda.

Tras meses de pesquisas, la Policía Nacional de Valencia confirmó la existencia de un grupo de ciudadanos rumanos que se lucraba con la prostitución de compatriotas en Castelló y, si bien ninguna excepto una de las chicas manifestó que viniera engañada, quedó constatada la red de prostitución.