Cuatro personas aceptaron ayer penas de tres años de prisión, cada uno, como máximos responsables de una organización criminal asentada en Castelló que traía a compatriotas de Rumanía con una oferta de un trabajo y, luego, las prostituía bajo coacciones. En la vista celebrada ayer en la sección tercera de la Audiencia de Valencia otros trece procesados también aceptaron un año de prisión por pertenencia a banda criminal. Esta condena es fruto de la conformidad alcanzada entre la Fiscalía y las defensas de los 18 acusados antes de que diera comienzo el juicio por hechos ocurridos entre 2011 y 2013.

El Ministerio Público reclamaba para los procesados, todos ellos de nacionalidad rumana, hasta trece años de prisión por trata de seres humanos, prostitución coactiva y pertenencia a organización criminal. Sin embargo, el hecho de que algunas de las 11 víctimas se hayan «echado atrás» en sus denuncias ha impedido a la Fiscalía mantener la acusación por el delito de trata y reclamar penas superiores.

Uno de los acusados, Liviu C., admitió ante el tribunal que contactó en Rumanía con una familiar, Petruta F. S., también procesada para que le «proporcionara mujeres que ejercieran la prostitución en España». La mujer convenció a una joven, que pasaba una delicada situación económica, que aceptó venir a Castelló a trabajar, aunque desconocía cuáles iban a ser sus tareas.

El 4 de agosto de 2013, Petruta y la joven víctima llegaron a Nules, donde fueron recibidas por tres de los procesados, que «entregaron ropa a la chica, le retiraron su documentación, el teléfono móvil y la llevaron a una rotonda de la CV-317, entre Sagunt y Canet d'En Berenguer». En este punto le informaron que su función era «parar los coches y proponer relaciones sexuales a los conductores, a los que tenían que hacer lo que ellos pidieran». El dinero que cobrara la joven «se lo iban a quedar ellos, porque le habían costeado el viaje y la alojaban», según la Fiscalía. , y se fueron.

Otra mujer que ejercía la prostitución en la misma rotonda vio a la joven «asustada y abandonada» y decidió ayudarla. Se la llevó a casa y la acompañó a denunciar los hechos ante la Policía, por lo que acabó convirtiéndose en una testigo protegida. De hecho, según relata la Fiscalía, «mientras presentaban la denuncia, uno de los procesados la llamó para exigirle que le devolviera a la chica porque era suya, ya que la había comprado a uno de los principales acusados para que ejerciera la prostitución para él». La policía confirmó la red de prostitución.