Elvira y Magdalena fueron asesinadas cuando Leonardo, expareja de Elvira y padre de su hijo, se disponía a devolverle al pequeño tras pasar unos días con él. Era una especie de «custodia compartida apalabrada» entre ambas partes, a pesar de que sobre el presunto doble homicida pesaba una orden de alejamiento respecto a la ahora fallecida. El intercambio lo hicieron en plena calle. Segundos después, el hombre sacó el arma y les disparó a bocajarro. Hoy, nueve mujeres víctimas de violencia machista acampadas en la Puerta del Sol desde el pasado 1 de noviembre, se preguntan si el crimen hubiera ocurrido si la ley prohibiera que los maltratadores puedan tener contacto con sus hijos o si el intercambio hubiera tenido lugar en un punto de encuentro familiar bajo presencia policial.

Las nueve huelguistas acamparon a principio de mes en la capital madrileña para exigir que la ley proteja especialmente a los menores. Para ello han dirigido a los partidos políticos, en paralelo a la acción de protesta, una carta con 20 puntos, entre los cuales piden el cese de la obligación que se le impone a los menores a relacionarse con el maltratador. De hecho, estas mujeres pertenecientes a la asociación Ve-la luz, demandan que los maltratadores pierdan la patria potestad y el derecho a visitas y que «los jueces dejen de usar un síndrome del siglo pasado» que se les diagnostica a los menores para separarlos de la víctima y llevarlos con el maltratador.

Desde la asociación piden también una protección «las 24 horas del día, y los 365 días del año», por lo que exigen que se dote a los cuerpos de seguridad del estado de los recursos suficientes.