La muerte de Dolores Moya, la exedil de EU de Serra fallecida en el incendio de su vivienda el pasado 29 de Julio, fue asesinada por su marido, Marcos Cabo, quien posteriormente acabó quitándose la vida en prisión. Así lo ha reconocido el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tras incluirla finalmente en el listado de víctimas mortales de la violencia machista. «Por fin hoy puedo hablar y tratar de explicar la impotencia y el dolor que hemos sentido como familia, y no solo por el brutal e incomprensible asesinato de mi hermana, sino por lo que vino después y que profundizó más en esta injusticia», aseguró uno de los hermanos de la víctima indignado por la infinidad de comentarios ofensivos contra su hermana que corrieron por el municipio, en donde se seguía viendo lo ocurrido como un suicidio.
Aunque judicialmente no habrá condena alguna contra su presunto asesino, ya que éste decidió poner fin a su vida ahorcándose en su celda del centro penitenciario de Picassent, la familia de Dolores quiere que el Ayuntamiento de Serra, que equiparó a víctima y verdugo decretando luto oficial por ambas muertes, «reconozca su error públicamente para compensar moralmente a todos los que queríamos a Dolores y por respeto a ella misma».
El Juzgado de Instrucción número cuatro de Llíria, competente en violencia contra la mujer, ha archivado el caso por el fallecimiento del único acusado. Así ha declarado «la extinción de la responsabilidad criminal de Marcos Cabo», según ha podido saber Levante-EMV. Con esta decisión, previsible tras la muerte en prisión del presunto asesino, se pone punto y final a la investigación sobre cómo ocurrieron los hechos, ya que como aclararon fuentes jurídicas, «en España no se juzga el cómo o el por qué, sino la responsabilidad de una persona sobre un delito concreto». En este caso la Guardia Civil con sus pormenorizadas investigaciones y tras recabar las pruebas pertinentes contra el detenido establecieron que el acusado prendió fuego a la vivienda con el único objetivo de acabar con la vida de su mujer y madre de sus cuatro hijos.
Se cumplió el protocolo
Respecto al suicidio del acusado en el centro penitenciario de Picassent, por el que los hijos del matrimonio exigían responsabilidades penales a la dirección de la prisión, el Juzgado de Instrucción número tres de Picassent ha decretado el sobreseimiento provisional al entender que «no existe indicio racional alguno que permita pensar que se incumplió algún deber objetivo de atención y de cuidado por parte del centro penitenciario, de su personal o del interno de apoyo».
Así, según el auto de sobreseimiento, desde el mismo momento de su ingreso en prisión, el día 7 de agosto, se activó el programa de prevención de suicidios. Ha quedado probado que la celda cumplía con todos los elementos necesarios en dicho protocolo y que el «preso sombra», de la celda de al lado, tenía una visión directa del interno. Del igual forma el preso «no utilizó ningún material que pudiera considerarse susceptible de riesgo» para ahorcarse. Y la funcionaria que realizaba la ronda de la noche actuó de forma correcta. Tanto ella como el preso sombra pensaron que estaba apoyado en la ventana. Los hijos han recurrido dicho sobreseimiento.
«El Ayuntamiento puso al mismo nivel a víctima y asesino»
La familia de Dolores está muy dolida con el consistorio de Serra, que se negó a condenar el crimen machista tras la muerte de la mujer y posterior detención de su marido, concejal en este mismo municipio. «El ayuntamiento puso al mismo nivel a víctima y asesino», lamentó el hermano de la fallecida. «Este comportamiento a todas luces incomprensible, solo consiguió por un lado humillar si cabe aún más a mi hermana, y por otro lado sembrar la duda entre los vecinos del pueblo».
