18 de noviembre de 2015
18.11.2015
Operación policial

Detienen a 36 personas e imputan a 271 en Meliana por matrimonios de conveniencia

Los ciudadanos marroquíes pagaban entre 5.000 y 8.000 € para conseguir el permiso de residencia

18.11.2015 | 02:58

Hasta 70 enlaces fraudulentos llegaron a concertar los organizadores de bodas falsas para otorgar permisos de residencia que operaban desde 2013 en Meliana y que ahora han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional. En total se han arrestado a 36 personas y se ha imputado a 271, estos últimos por un supuesto delito de favorecimiento de la inmigración clandestina.

Los ciudadanos extranjeros, de nacionalidad marroquí, pagaban entre 5.000 y 8.000 euros para obtener el permiso de residencia, informaron fuentes policiales. Los españoles que se prestaban a los servicios recibían a su vez entre 3.000 y 4.000 euros.

Días antes de comenzar las investigaciones policiales, uno de los ciudadanos marroquíes se empadronó de manera fraudulenta en un domicilio del municipio de l´Horta Nord. Tras una evaluación más exhaustiva de los documentos, los investigadores determinaron que todos los papeles emitidos que acompañaban las solicitudes matrimoniales eran falsos.

Los agentes comprobaron que en la mayoría de los que habían sido traducidos al español la firma del traductor aparecía escaneada, siendo utilizada sin la preceptiva autorización.

Una vez que habían obtenido el permiso de residencia y regularizaban su situación en territorio Schengen, regresaban a países como Francia, Alemania, Holanda e Italia, donde residían y les esperaban sus familias, que a su vez se convertían también en familiares de ciudadano europeo, legalizando así su situación irregular. Además, las personas encargadas de cobrar a los extranjeros eran las mismas que pagaban a los contrayentes, y les facilitaban falsos testigos para la tramitación de los expedientes matrimoniales y la celebración de los enlaces.

Si el contrayente no hablaba español, estos se hacían pasar por él en la celebración ante el Juzgado de Paz correspondiente, y también les proporcionaban un domicilio en la localidad en la que fuese a celebrarse el matrimonio, mayoritariamente en Meliana, donde se empadronaban de manera fraudulenta previo pago de entre 100 y 300 euros a los organizadores.

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