Agentes de la Guardia Civil detuvieron la pasada en la localidad valenciana de Loriguilla a otras dos personas y mantiene como investigadas a seis más --la figura de imputado en la antigua Lecrim-- dentro de la 'Operación Trassos' que llevó en septiembre a desarticular la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez por estar presuntamente dedicada a la explotación laboral de personas condenadas a realizar trabajos en beneficio de la comunidad.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado, las detenciones se llevaron a cabo el martes de la pasada semana, todas ellas en Loriguilla. En la primera parte de la operación, --de la que se informó a principios de septiembre--, los agentes detuvieron a 14 personas, entre ellas, un exalcalde y el exjefe de la Policía Local de la localidad y un exconcejal de Gilet, en la misma provincia.

A través de esta entidad 1.450 personas cumplieron sus condenas de trabajos en beneficio de la comunidad y se calcula que entre ellas hay "centenares" de víctimas.

El entramado criminal presuntamente diseñado por la Fundación desarticulada, según la información de la Guardia Civil tras la primera parte de la operación, consistía en la explotación laboral de personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad que eran empleados "bajo amenaza o coacción" en beneficio privado de empresarios y entidades locales durante 2010, 2011, 2012 y 2013.

El presidente de la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez, con sede en Loriguilla, así como su familia, que formaba parte del patronato, supuestamente ofrecía a sus amistades, empresarios, autónomos o cargos públicos, la mano de obra de estas personas, a las que presuntamente amenazaba "con no justificar la prestación de las penas impuestas a través del Servicio de Gestión de Penas de Vigilancia Penitenciaria de la Ciudad de la Justicia de Valencia", con quien la entidad tenía firmado un convenio.

ELEVADO NÚMERO DE VÍCTIMAS

La Fundación recibió a través de este convenio a 1.450 personas, entre las que un "elevado número" han sido víctimas de un delito contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Muchas de ellas desarrollaron trabajos de mantenimiento de empresas privadas y viviendas de particulares como pintura o albañilería, para lo que supuestamente "recibían incluso amenazas y coacciones" de los miembros de la fundación con no firmar la justificación de las horas de trabajo en beneficio de la comunidad si no aceptaban los trabajos ordenados, que "nada" tenían que ver con los autorizados por el Servicio de Gestión de Penas.

Entre las distintas actividades laborales irregulares, los investigadores han detectado trabajos realizados en el Ayuntamiento de Loriguilla, con la autorización del entonces alcalde del consistorio, que fue detenido, en servicios de seguridad pública en horario nocturno en las calles del municipio.

Estos servicios eran supervisados por el que era jefe de la Policía Local del municipio, también detenido, en labores de 'serenos' "sin ningún amparo normativo, y vulnerando los principios esenciales de los derechos del trabajador y su seguridad física y jurídica", según informó en ese momento la Guardia Civil. Otros de los detenidos fueron los administradores de las empresas, particulares, autónomos y responsables públicos para los que los trabajadores realizaron labores sin ser remunerados.