Convertían mendigos y drogadictos en hombres de negocios, de traje, corbata y maletín. Su trabajo era efímero, apenas unas horas o un día, o dos a la sumo si requerían su presencia y su firma en el extranjero, pero su función como testaferros en la trama era vital para sostener este entramado de sociedades «trucha» con el que diez empresas españolas dedicadas al sector informático defraudaron 16 millones de euros tras eludir el pago del IVA de los componentes electrónicos que adquirían de proveedores europeos.
El Ministerio Fiscal solicita ahora para los 22 acusados de pertenecer a esta organización, afincada en Valencia y que actuó durante los años 2007 y 2009, penas que suman los 182 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, contra la hacienda pública y un delito continuado de falsedad documental. Entre los imputados se encuentra un ciudadano holandés y los dos presuntos cabecillas de la trama, de nacionalidad española y quienes operaban desde la sede situada en unas oficinas de la Gran Vía Marqués del Túria.
Junto a ellos están también acusados los administradores de las diez compañías dedicadas a la comercialización de productos de informática y electrónica que presuntamente se beneficiaron del fraude abaratando los costes de producción y eliminando a su competencia tras eludir el pago de las cuotas de IVA. Así como siete mujeres; cinco españolas, una ucraniana y una alemana. Ellas eran las encargadas de instruir y entrenar a los indigentes que otro investigado, ya fallecido, captaba como testaferros aprovechando su situación de exclusión social y la necesidad de dinero rápido.
Estas empleadas de la organización debían además de arreglar el papeleo para abrir cuentas con la identidad de estas personas y el nombramiento de éstos como administradores únicos de las múltiples sociedades que utilizaban como tapadera, se preocupaban del aseo personal y de la vestimenta de estos empresarios de paja recién salidos de la calle.
457 cuentas intervenidas
En la operación llevada a cabo por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) se intervinieron 457 cuentas bancarias, que todavía siguen embargadas para hacer frente a los pagos en concepto de responsabilidad civil ante una posible condena. Cada uno de los cabecillas de la trama se enfrentan a una petición de pena de 14 años y dos meses de cárcel. La mecánica del fraude consistía en adquirir productos informáticos en el extranjero a través de circuitos de facturación falsa y una cadena de sociedades 'trucha' repartidas Rumanía, Malta y Chipre, eludiendo así el pago de las cuotas de IVA. Con ello abarataban la mercancía, con un precio inferior al de mercado, y contribuían a la monopolización del sector.
