Saber cuál es la situación real para actuar en consecuencia. Ese fue el objetivo de la Diputación de Valencia cuando le solicitó a los 267 municipios de la provincia datos relativos a los recursos disponibles para combatir la violencia de género. Solo contestaron 91, lo que supone un 34 %. Y eso que la corporación concedió hasta dos prórrogas.
«De entrada los datos ya reflejan tanto falta de interés como de recursos», aseguró ayer la diputada de Igualdad, Isabel García tras presentar un diagnóstico que refleja que la mitad de los municipios encuestados en la Comunitat Valenciana (el 49 %) no cuenta con ningún recurso municipal para combatir la violencia machista.
Es más, solo un 7,6 % de los municipios dispone de equipos de atención integral, lo que supone una «desprotección absoluta de las mujeres, no solo para la detección precoz sino para una adecuada intervención y seguimiento de los casos». Así se evidencia una realidad que la diputación que preside Jorge Rodríguez está decidida a erradicar: «la atención a las víctimas no debe depender del código postal donde residan».
Los servicios municipales de Atención a la Mujer solo existen en el 15 % de los municipios de la provincia de Valencia, un dato previsible, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2012 las oficinas para atender a las víctimas se redujeron de 48 a 16, en un horario, que solo incluye las mañanas.
En su lugar se creó una oficina virtual para suplir las 32 físicas que pasaban a ser historia aunque esta actuación «no ha supuesto un acercamiento de las instituciones a la ciudadanía». Lo mismo ocurre con los planes de igualdad (solo lo tiene un 8,7 % de la muestra), una herramienta para la prevención de la violencia machista.
Durante la presentación del informe quedó claro que muchas víctimas no pueden ser autónomas sin un empleo y una vivienda. Sin embargo, «se han detectado dificultades de coordinación con el Servef, una situación que debe cambiar para ayudarlas a salir de su situación de maltrato». Y lo mismo ocurre con la vivienda. «Es un asunto básico pero solo un 12 % de los municipios consultados ofrecen recursos de acceso a la vivienda», añade el informe.
La auditoría realizada por la delegación de Igualdad recalca la «falta de profesionales y formación específica en violencia de género» en los ayuntamientos, a la par que asegura que no hay «medios económicos, materiales ni humanos ni en los ayuntamientos, ni en las comarcas ni en las mancomunidades para poder dar la atención que prevé la legislación».
Pacto de Estado contra la lacra
Y es que no se realizan el seguimiento de las reclamaciones de la mujer (apenas se hace en el 14,2 % de la muestra); ni existen unidades para la formación e inserción laboral de las víctimas (apenas en un 7,6 % de los casos); ni hay servicio de apoyo educativo a la unidad familiar (solo existen en un 22 % de los municipios); ni se han desarrollado proyectos terapéuticos para recuperación emocional de los hijos de las víctimas. Según el presidente de la diputación, Jorge Rodríguez, «está todo por hacer pero ya tenemos el diagnóstico y las propuestas para empezar a trabajar». Y una vez más pidió un pacto de Estado «para acabar con esta lacra».
