En España existen numerosas empresas especializadas en el cobro de deudas e impagos de morosos, los llamados «cobradores del frac», quienes en ocasiones llegan a utilizar métodos tan expeditivos que rozan la ilegalidad. Este el caso de uno de estos gestores del cobro, como les gusta que les llamen, quien podría enfrentarse a una pena de hasta cuatro años de prisión acusado de los delitos de allanamiento de morada y amenazas, según la petición del Ministerio Fiscal.
El procesado, que se identificó ante sus víctimas como «el cobrador del frac», accedió supuestamente al interior del domicilio de éstas, el Alfafar, sin su permiso y ante la «insistente negativa» de la madre del supuesto deudor, una mujer de 84 años. Asimismo, amenazó presuntamente a la esposa del propietario del inmueble e incluso le manifestó que iba a ir al colegio de su hijo pequeño para llevárselo en un furgón grande hasta que pagasen la deuda.
Los hechos, por los que el fiscal pide sendas penas de dos años de cárcel por cada uno de los delitos de allanamiento de morada y amenazas, ocurrieron el 20 de enero de 2014. En torno a las doce del mediodía el acusado, trabajador de una empresa dedicada al cobro de deudas pendientes, se presentó en el domicilio particular del supuesto deudor, en la localidad de Alfafar.
Tras llamar a la puerta fue recibido por la madre del propietario. Según la versión de la octogenaria, éste empujó la puerta hacia dentro y entró en la casa sin ni siquiera decir a qué venía y pese a su oposición. Una vez en el interior del domicilio la esposa le pidió explicaciones sobre su comportamiento y le pidió que se marchara de su casa. Según recoge el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, el acusado «empezó a exclamar que su marido debía dinero y si no pagaba se va a buscar problemas». De igual forma, le amenazó con contarle su situación a todo el mundo y que «la próxima vez que volviera no iría a gastar gasolina, sino que lo haría de otra manera, que como su marido no pagara ella y su familia tendrían problemas».
Todo ello generó «una situación de angustia en ambas mujeres», según el fiscal. Más aún cuando les dijo que tenía intención de ir al colegio de su hijo pequeño para llevárselo en un furgón hasta que pagasen la deuda.
La Fiscalía considera tales hechos constitutivos de un delito de amenazas, por el que solicita dos años de prisión. Así como de un delito de allanamiento de morada, por el que pide otros dos años de cárcel y 2.400 euros de multa.
