La Audiencia Provincial de Valencia juzgó ayer a diez personas acusadas de pertenecer a una red que compraba y vendía vehículos con nóminas falsas y utilizando como testaferros a personas con pocos recursos económicos y toxicómanos. Ocho de los acusados aceptaron cumplir una pena de seis meses de prisión por el delito de estafa y pagar una multa de 540 euros por falsedad en documento mercantil. Asimismo, el cabecilla aceptó una pena de dos años de cárcel.
Los concesionarios afectados por esta estafa son de Torrent, Sagunt y Valencia. El cabecilla de la organización y otro acusado, ya fallecido, facilitaban las nóminas falsas a los otros imputados para que obtuvieran financiación para la compra de dichos coches a cambio de una retribución. A su vez vendían los mismos por debajo de su valor real sin llegar antes a abonar importe alguno.
