La Policía Nacional ha puesto al descubierto una trama presuntamente dirigida por el responsable de las pólizas de hogar de una importante compañía aseguradora acusada de cobrar mordidas a las empresas con las que contrataban los arreglos en las viviendas de sus clientes. Además, les obligaba supuestamente a contratar como secretarias a su mujer y a su hija, lo que le permitía el control total de sus facturaciones y, por tanto, conocer todos los trabajos en los que les podía exigir comisión. La trama se embolsó mediante este método 107.000 euros en los casi tres años que logró estar en funcionamiento.

La investigación policial dio comienzo hace dos meses, después de que la aseguradora denunciase ante un juzgado los hechos. Inicialmente, la compañía se había limitado a informar a su responsable de que había descubierto sus andanzas y lo despidió, pero el ya exempleado optó por demandar a la firma, por lo que esta acudió a un juzgado, que derivó la investigación al grupo de Delincuencia Económica de la UDEF de Valencia.

Los agentes de esa unidad descubrieron pronto que el supuesto cabecilla era el exejecutivo de la aseguradora y que al menos cuatro empresas habían accedido a pagar las comisiones a cambio de los contratos que les permitían mantener su actividad durante los años más duros de la crisis. Según ha podido saber Levante-EMV de fuentes jurídicas, las mordidas seguían un patrón económico: el primer año, se les exigía un 20 % del importe facturado; el segundo año, un 10 %, y a partir del tercero, debían pagar una cuota fija de 1.500 euros. Además, se vieron obligados a meter en nómina, como secretarias, a la hija y a la mujer del principal acusado, a quienes además tuvieron que entregar las claves de acceso a sus sistemas informáticos, lo que suponía que supieran exactamente cuánto y a quién facturaban. A partir de esa información, fijaban con decimales el importe de la mordida.

Los agentes detuvieron al exempleado de la compañía de seguros, a su hija y a tres hombres más, entre ellos uno que prestaba su cuenta corriente para recibir el dinero que después reenviaba a donde le ordenaban a cambio de una comisión y el presunto intermediario entre el ejecutivo y las empresas subcontratadas que realizaban los arreglos de electricidad, carpintería, fontanería o albañilería de los siniestros cubiertos por las distintas pólizas. Los cinco detenidos están acusados de delitos de corrupción entre particulares.

De momento, los investigadores han encontrado pruebas de que sometieron a coacciones a cuatro de estas empresas, todas ellas radicadas en la Ribera.