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Tribunales

Las contradicciones de los imputados obligan a archivar el asalto de Xirivella

La policía arrestó a siete personas en octubre de 2015 tras un secuestro frustrado entre traficantes

Las contradicciones de los imputados obligan a archivar el asalto de Xirivella

Siete personas detenidas, un amplio despliegue de decenas de agentes parapetados en varias calles de Xirivella ante un posible secuestro entre narcotraficantes y unas supuestas amenazas de muerte por una deuda de 150.000 euros por un supuesto alijo de cinco kilos de cocaína. Finalmente todo ello ha quedado en agua de borrajas después de que el Juzgado de Instrucción número uno de Mislata haya acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones por ausencia de delito debido a las numerosas contradicciones que han manifestado durante la instrucción los imputados, tanto víctimas del asalto como los presuntos asaltantes.

Los hechos ocurrieron en la noche del 14 de octubre de 2015 cuando uno de los supuestos traficantes, que también estaba imputado en la causa, telefoneó a la Policía Nacional desesperado asegurando que «unos ciudadanos colombianos iban a ejecutar a sus amigos». Según manifestó en su momento, cuatro hombres y dos mujeres irrumpieron armados con pistolas y cuchillos en la vivienda de Xirivella en la que se encontraba éste junto a otros dos compatriotas españoles.

Ante la sospecha de que los autores pudieran estar todavía dentro del inmueble armados, la Policía Nacional movilizó numerosos agentes de la UIP y de GOES, quienes mantuvieron acordonadas varias calles durante cerca de tres horas. Finalmente en la casa solo encontraron a las supuestas víctimas, y en los alrededores se pudo arrestar a uno de los sospechosos. Días después serían arrestadas otras tres personas por participar presuntamente en el asalto. Aunque se investigó como móvil del asalto una supuesta deuda de 150.000 euros por un alijo de droga perdido, la policía no localizó sustancias estupefacientes en los registros ni se intervino arma alguna a los detenidos.

Vicente Monzó, letrado de los detenidos de nacionalidad colombiana, quienes estaban acusados de los delitos de robo con violencia, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, solicitó el sobreseimiento de las actuaciones al alegar que no hay indicios racionales de haberse perpetrado delito alguno ya que las víctimas se han desdicho en sus declaraciones. El juez le ha dado la razón y archiva la causa «a la vista de que no se han intervenido armas o drogas y que los imputados han cambiado de versión de los hechos en diferentes ocasiones, no pudiendo determinar lo que realmente ocurrió».

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