Presentar un parte médico falso para escaquearse del trabajo puede resultar muy caro. Además de la evidente pérdida de empleo como motivo justificado de despido, este hecho está castigado con penas de prisión. Esto es lo que le ha ocurrido a un trabajador de una empresa del Puerto de Valencia, quien se enfrenta a una posible pena de un año de cárcel, según el escrito de calificación del fiscal, por un delito de falsedad en documento oficial después de que descubrieran que cuatro partes médicos por los que justificaba su ausencia laboral en los correspondientes días eran aparentemente falsos.

Los hechos, que serán juzgados ahora en un Juzgado de Lo Penal de Valencia, ocurrieron entre el verano del 2014 y principios de 2015. El acusado, empleado de una firma del Puerto de Valencia, se ausentó de su puesto de trabajo los días 11 de junio de 2014 y 23 de noviembre de ese mismo año, así como el 4 y 28 de enero de 2015. Así, para acreditar que su ausencia se debía a motivos médicos presentó cuatro fotocopias de justificantes de asistencia médica de los correspondientes días.

Con el membrete del centro de salud

Los citados documentos contaban con el membrete de la Agencia Valenciana de la Salud e iban firmados por una doctora del Centro de Salud de Serrería. No obstante, posteriormente la empresa comprobó que dicha facultativa que supuestamente firmaba los partes médicos no prestaba servicios en dicho centro de salud desde mayo de 2012.

Asimismo, tras realizar las averiguaciones pertinentes la empresa descubrió que no constaba ninguna asistencia médica a su operario en la fechas que reflejaban los partes y que coincidían con los días que éste se había ausentado de su puesto de trabajo.

Según considera el Ministerio Fiscal, el acusado presentó estas cuatro fotocopias de partes médicos de asistencia «sabiendo que no eran auténticos» con el fin de justificar sus ausencias laborales.

La acusación particular, ejercida por la empresa para la que trabajaba el acusado, solicita dos años de prisión y una multa de 4.800 euros por el delito de falsedad y tres años más de cárcel por un delito de estafa. No obstante, la Fiscalía solo acusa por la falsificación de documento oficial y pide el sobreseimiento del delito de estafa al no apreciar en la conducta del acusado ánimo de lucro. Su engaño consistía en «manipular documentos oficiales con el fin de justificar las ausencias de su puesto de trabajo, aclara el fiscal en su escrito.

Por todo ello el Ministerio Público solicita una pena de un año de prisión y una multa de 2.700 euros. Respecto a los 1.191 euros de responsabilidad civil que reclama la empresa, la Fiscalía sostiene que este supuesto perjuicio económico a la mercantil debería de ser reclamado por la vía judicial oportuna.