29 de mayo de 2016
29.05.2016

La evasión de millones de euros desde el aeropuerto de Valencia queda impune

El Tribunal Supremo ratifica la absolución de los guardias civiles acusados en la trama china de blanqueo

29.05.2016 | 04:15

La trama china de evasión de divisas a través del aeropuerto de Manises descubierta en 2013 ha quedado en aguas de borraja. El Tribunal Supremo ha ratificado la absolución de los guardias civiles y de los ciudadanos chinos detenidos en Valencia en septiembre de 2013 y acusados de haber evadido millones de euros a través del aeropuerto valenciano, en envíos de dinero en metálico colados al margen de los controles de acceso al recinto.

El alto tribunal confirma así la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Valencia hace ahora casi un año, en julio de 2015, al acceder a la petición de los abogados defensores „entre ellos los letrados valencianos Carlos Barbas Galindo y José María Velázquez„ de anular el primer auto judicial que prorrogaba las escuchas, lo que implicaba la nulidad de todas las pruebas posteriores obtenidas a partir de esas intervenciones telefónicas.

El Supremo da por buenos los hechos probados de la sección tercera de la Audiencia de Valencia, que ya dio la razón a los abogados cuando éstos plantearon la nulidad al alegar falta de control judicial porque en el sumario no constaba el informe policial en el que se daba cuenta de las grabaciones registradas durante ese primer mes de intervención de dos teléfonos del sargento de la Guardia Civil detenido e imputado en la causa, y sobre el que la juez de Instrucción número 1 de Quart de Poblet sustentó la prórroga de las esuchas. Es más, afea a la fiscal no haber aportado ese documento durante el juicio, a pesar de que planeaba la nulidad sobre el proceso, y eso que, recalca el fallo, «el plenario se prolongó durante cinco días».

De ahí, tanto la Audiencia de Valencia hace un año, como el Tribunal Supremo ahora, estiman que todas las actuaciones posteriores „las grabaciones recogidas desde febrero hasta septiembre e 2013, los registros domiciliarios y las declaraciones de los investigados„ deben ser declaradas nulas, lo que deja el proceso sin pruebas para condenar los hechos enjuiciados.

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