Lo que iban a ser una idílicas vacaciones en familia en un apartamento de Peñíscola se convirtieron en una pesadilla nada más pisar el aeropuerto de Manises. Un turista, de origen rumano y afincado en Irlanda desde hace una década, fue detenido el pasado 22 de junio en la terminal valenciana al bajar de un vuelo procedente de Dublín, en el que viajaba junto a su mujer y sus tres hijas menores de edad -de dos, siete y trece años-. Desde entonces permanece en prisión cumpliendo una condena de seis meses de cárcel por una falsificación documental cometida hace doce años en una gasolinera de Alcossebre y que fue suspendida en su día.
«Solo queríamos unos días de sol y mar para las niñas y ahora mi marido está en la cárcel», se lamenta Alina, quien el próximo sábado tendrá que partir de regreso a casa con sus hijas, ya que tienen que empezar el colegio, dejando a su esposo en el centro penitenciario de Picassent cumpliendo una pena que creía suspendida, ya que es inferior a dos años y carece de antecedentes, pero cuya suspensión se le revocó al no acudir a firmar la misma.
«No entiendo por qué tiene que pagar por un fallo de su abogado. Jamás hubiéramos venido a España a veranear si llegamos a saber que no estaba todo solventado», explica la mujer del detenido, quien achaca este malentendido a la falta de comunicación por parte de su anterior letrado. «En mayo hablé con él y me dijo que no había problema alguno», argumenta la mujer, quien afirma que nadie les notificó en su día la citación para que Vasile acudiera en marzo de 2014 a que le notificaran en persona la suspensión de la ejecución de la pena. Su incomparecencia provocó que la Audiencia Provincial de Castelló revocara dicho beneficio penitenciario y ordenara su búsqueda, detención e ingreso en prisión en junio de 2014.
Doce años sin delinquir
Los hechos por los que este turista ha sido ahora encarcelado se remontan a doce años atrás cuando en junio de 2004 fue detenido en una gasolinera de Alcossebre por utilizar un duplicado de tarjeta de crédito para repostar 28.60 euros de carburante y hacer una recarga de teléfono de 40 euros. Casi diez años después, en septiembre de 2013, se celebró el juicio en la Audiencia de Castelló y tras llegar a un acuerdo de conformidad, en el que el acusado reconocía los hechos, éste era condenado a seis meses de prisión y a pagar una multa de 1.260 euros por un delito de falsedad documental y una falta de estafa.
En febrero de 2014 la Sección Primera de la Audiencia de Castelló acordó suspender la ejecución de la pena de prisión «al concurrir las condiciones exigidas», «la baja peligrosidad criminal» y después de que el penado abonara el importe de la multa.
En el mes de marzo el juzgado lo citó para que acudiera a firmar la notificación de la suspensión. Sin embargo, Vasile había regresado tras el juicio a Irlanda junto a su familia creyendo que estaba todo solventado y que ya había cumplido con la Justicia española. Sería esta incomparecencia la que propiciaría que se le revocara la suspensión de la pena de cárcel.
Ajeno a esta circunstancia sobre su situación procesal, la familia de Vasile organizó un viaje para este verano. «Alquilamos un apartamento para tres semanas, del 23 de junio al 14 de julio, en Peñíscola», relata Alina. Pero nada más aterrizar en Manises, cuando los agentes del puesto fronterizo comprobaron su identidad, éstos descubrieron que tenía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión en vigor por orden de la Audiencia Provincial de Castelló y procedieron a su arresto.
Su actual letrado, Ignacio Amat, ha solicitado su inmediata puesta en libertad mientras se tramita la suspensión de la pena ya que su cliente nunca llegó a recibir la notificación del auto de suspensión de la condena, ni por parte del tribunal ni de su anterior abogado.
